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El pasado 7 de mayo llegaron a la Corte Constitucional las objeciones que el presidente de la República, Iván Duque, hizo a seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. El expediente llegó al alto tribunal en un momento tenso: en medio de un nuevo escándalo de interceptaciones ilegales a los magistrados y sospechas de que a dos de sus integrantes, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, Estados Unidos les habría retirado su visa. Este viernes, fuentes consultadas por El Espectador confirmaron dos cosas: primero, que el magistrado Lizarazo, hoy día, tiene su visa. Y que la magistrada Fajardo acudirá el lunes a la embajada a verificar su caso.
El asunto es tal magnitud en la Corte Constitucional, que la presidenta del alto tribunal, magistrada Gloria Ortíz, acudió a Palacio de Nariño. Fuentes explicaron a este diario que la reunión con el presidente Duque se habló sobre el asunto y se le solicitó que interviniera "en averiguaciones" para determinar qué estaba pasando con las visas. ¿La razón? Que para la mayoría de los juristas, esta situación es una presión en su contra. Este viernes, la revista Semana publicó que en el propio magistrado Lizarazo se habría encargado de resolver la situación y que los funcionarios de la embajada le habrían dicho que todo se trató de un impasse.
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Sobre esa reunión, fuentes de la Corte Constitucional aseguraron que no se amenazó con frenar todos los expedientes que lleva el alto tribunal, como se ha asegurado en algunos sectores. En todo caso, para magistrados consultados por este diario, las presiones que rodean a la Corte son amenazas a la independencia judicial. ¿A qué se refieren? Primero, a que el magistrado Alberto Rojas Ríos recibió dos amenazas, antes y después de que ese alto tribunal realizara la audiencia pública sobre el futuro del uso del glifosato para combatir los cultivos ilícitos. La situación ameritó que Rojas acudiera a la Unidad Nacional de Protección para que se le reforzara la seguridad, lo cual, ya sucedió.
La otra situación que preocupa a los magistrados es la interceptación de sus comunicaciones, lo cual fue confirmado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y asunto que motivó ya una reunión con el fiscal Fabio Espitia, delegado para tratar el tema. En los pasillos de la Corte se preguntan si se trata de hechos aislados los que está atravesando el alto tribunal o no, ante la polarización que ha suscitado temas como las objeciones de la JEP. Ese expediente está en manos del magistrado Lizarazo, quien deberá en próximos días, exponer ante sus compañeros de la Corte la ruta a seguir para revisar el trámite que realizó el Congreso sobre las objeciones.
Como se recordará, en marzo pasado, la Corte Constitucional determinó que las objeciones que el presidente Duque hizo a seis artículos de la JEP volvían a segundo debate en el Congreso, por lo que se debía terminar de su parte el procedimiento. Y solo con esa decisión, la Corte podría asumir el estudio del caso, más allá de que en agosto de 2018 ese alto tribunal le hubiera dado su visto bueno a la ley estatutaria, mediante la sentencia C-080 de 2018, ya que por el procedimiento del fast-track se determinó que todas las leyes de paz se debían analizar automáticamente por la Corte antes de su sanción.
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En ese escenario, el análisis que iniciará la Sala Plena sobre estas objeciones presidenciales no tiene antecedente alguno. Lo que sí está claro es que la Corte Constitucional entrará a definir si el presidente podía hacer las objeciones o no sobre el contenido de estas. Es decir, si las seis objeciones, en el fondo, si eran o no por inconveniencia o por inconstitucionalidad. Y si la votación que se realizó en el Senado (en dónde hubo 47 votos en contra de las objeciones) fue o no suficiente para hundirlas, entre otros temas. En caso de que los artículos objetados se hayan hundido, la Corte tendrá que determinar cómo quedaría la Ley Estatutaria que debería sancionar el presidente, entre otros asuntos.
El Consejo de Estado, después de que se conocieran las sospechas de que EE.UU. habría retirado la visa de varios magistrados de la Corte, aseguró que "(...) no debe utilizarse absolutamente ningún elemento, decisión o actuación como mecanismo de presión o represalia frente a las decisiones judiciales, por cuanto esto afecta la autonomía esencial en la actividad judicial, bajo esta premisa somos solidarios con la autonomía e independencia de la Corte Constitucional".