Venezuela, a punto de velar por los Derechos Humanos en la ONU

Fotografía de una protesta en Caracas durante la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela. / AFP

El 5 de junio de 2019 la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU presentó un completo informe sobre la grave situación en esta materia que se vive en Venezuela. El documento, producto de un esfuerzo de meses de investigación, expuso numerosas violaciones a los derechos humanos durante los últimos años en ese país, como ejecuciones extrajudiciales, hostigamiento a la prensa y la sistemática persecución a la oposición venezolana, entre otras.

El informe causó revuelo casi de inmediato. La oposición venezolana y críticos del chavismo lo celebraron como una victoria y una confirmación de años de denuncias. El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, lo calificó de “mentiroso” y acusó a Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos para la ONU, de “servir a los intereses de EE.UU.”.

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Pero solo meses después del denominado ‘informe Bachelet’, el gobierno venezolano realizó una jugada con la que podría anotarse una importante victoria a nivel diplomático. En el marco de la Asamblea General de la ONU, Venezuela presentará su candidatura para un puesto dentro del Consejo de Derechos Humanos de esta organización. Una nominación que parece ser inminente a pesar de que la propia alta comisionada reportó hace poco que, por ejemplo, los servicios policiales venezolanos eran responsables de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales en los últimos dos años.

La candidatura venezolana ha sido cuestionada por varios gobiernos de la región y distintas organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos como Human Rights Watch (HRW). En un comunicado emitido el pasado martes, el Grupo de Lima, compuesto por catorce países, mostró su preocupación por esta nominación y pidió a la Asamblea General de la ONU rechazarla. 

“Rechazamos la candidatura del régimen ilegítimo de Maduro a dicho Consejo, por ser absolutamente contraria a la tarea de protección y defensa de los derechos humanos que compete a ese organismo intergubernamental”, argumentan estos países.

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La preocupación para el Grupo de Lima y las ONG de la región es que, en la actualidad, solo el gobierno de Maduro manifestó su interés en hacer parte del Consejo, que cuenta con la participación de 47 de los 193 países miembros de la ONU. Por ello, José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW, pidió a los países del Grupo de Lima que se nomine a otro país  e impidan la inminente presencia de Venezuela en el Consejo, que será votada el próximo 16 de octubre. 

"Creo que hay una responsabilidad enorme del Grupo de Lima que debe, y todavía tiene tiempo, levantar una tercera candidatura y hacer campaña internacional para impedir que Venezuela llegue al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas", manifestó Vivanco en entrevista a RCN Radio. 

¿Paradoja?

¿Puede un país denunciado por violar los derechos humanos hacer parte de un consejo que supervisa la defensa de estos? En teoría no hay nada que lo evite, pues el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la oficina de la Alta Comisionada, aunque velan por lo mismo, no están directamente relacionados. De hecho, la pertenencia de un país al Consejo depende más de un cálculo político que de un buen accionar en la defensa de los derechos humanos. 

El objetivo de este Consejo es el de buscar el “fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos y actuar cuando ocurren violaciones en cualquier parte del mundo”. Pero el Consejo no es del beneplácito de todos. Desde sus comienzos ha sido criticado porque países donde existen gravísimas violaciones a los derechos humanos han sido electos como miembros.

En 2018, por ejemplo, Filipinas y Eritrea hicieron parte del Consejo, algo que provocó resistencia en varios Estados de la ONU. Otro episodio difícil para esta dependencia ocurrió en mayo de este año cuando EE. UU. anunció su salida al considerar que “no servía para nada” por supuestamente no proteger a Israel de sus enemigos. 

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La única forma en la que podría detenerse la candidatura de Venezuela al Consejo dependería de la Asamblea General de la ONU, petición que hizo el Grupo de Lima en su comunicado. La máxima instancia de la organización es la única que puede vetar una nominación, si dos tercios de los Estados miembros consideran que hay graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en su territorio. De hecho, el presidente de Colombia, Iván Duque, aprovechará su intervención para pedir que se censure el accionar del gobierno de Nicolás Maduro.

Pero esto no parece sencillo ante la división latente que hay en los Estados miembros de las Naciones Unidas. La oposición argumenta que más de 50 países le han otorgado su apoyo a su “presidente interino” Juan Guaidó, pero todavía son más los que no le reconocen como legítimo jefe de Estado venezolano. Esto sin contar el apoyo de importantes miembros del Consejo de Seguridad como Rusia y China, que, como lo han hecho en el pasado, vetarán cualquier intento que desde la ONU busque afectar a su aliado en América Latina.