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El conflicto armado interno ha dejado 9,5 millones de víctimas en Colombia. Mucho más que una cifra, son historias no contadas y proyectos de vida truncados sobre los cuales el país aún no sabe la verdad. La misión de atender las demandas en el proceso para que se les permita el pleno goce de sus derechos la tiene la Unidad para las Víctimas, a cargo de Patricia Tobón Yagarí, abogada de la Universidad de Antioquia y, para más señas, orgullosa indígena embera chamí.
El gobierno Petro habló mucho en campaña sobre la atención a las víctimas. ¿Resultó siendo un tema más grande de lo que esperaban?
El Registro Único de Víctimas reporta 9′520.277 víctimas al 30 de junio, de las cuales 8′401.000 son víctimas de desplazamiento forzado. Tenemos 917 víctimas que requieren una reparación colectiva. Comunidades que vivieron masacres y desplazamientos masivos. En el histórico de intervención de todos los gobiernos se ha avanzado con 88 procesos de reparación colectiva. En este gobierno nos hemos puesto una meta de contribuir a superar el rezago para 642 sujetos de reparación colectiva, de los cuales esperamos implementar 300. Hemos logrado hacer giros de la indemnización de $59.000 millones que han beneficiado 53.000 víctimas. Desarrollamos 264 acciones que contribuyen a 85 sujetos de reparación colectiva en 65 municipios PDET. Y atendemos la situación de emergencia humanitaria de comunidades confinadas.
Esos avances son importantes, pero suenan insatisfactorios tratándose de millones de víctimas. A este paso, ¿cuándo van a ser atendidas las víctimas en Colombia?
Es parte de la tarea de este Gobierno. Hemos puesto una discusión pública sobre cuáles pueden ser las nuevas fuentes de financiación. Es parte lo que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para poder responder a ese clamor de todas las víctimas del conflicto armado. Entiendo a las víctimas del conflicto armado, sobre todo porque llevan muchos años esperando justicia y reparación. Estamos trabajando con ellas en un proceso de escucha, participación y búsqueda conjunta de fuentes de financiación, porque sabemos que el Estado tiene un déficit.
¿Cuánto vale reparar víctimas en Colombia?
Pues, según la Contraloría, en el noveno informe de la Comisión de Seguimiento, son $300 billones toda la reparación integral. No solo las medidas administrativas de indemnización, sino todas las que están cuantificadas. Obviamente, esos recursos no existen y un reto muy grande en este gobierno es ayudar a dar la discusión a través de mesas técnicas con expertos que puedan contribuir a la mejor toma de decisiones, para no generar falsas expectativas y ayudar a buscar fuentes de financiación alternativas.
¿Y una idea concreta desde su entidad que se pueda convertir en una fuente de financiación?
Bueno, que aquellos recursos que las entidades no ejecuten en materia de víctimas puedan regresar a la Unidad de Víctimas para que puedan ser ejecutadas en los asuntos de la indemnización. La otra es buscar soluciones duraderas para que las víctimas que están en extrema pobreza superen la vulnerabilidad mediante muchos temas como la educación la vivienda y la empleabilidad.
¿No faltará más coordinación entre entidades del Estado?
Requerimos mejorar la articulación entre entidades, la articulación entre el Estado y las entidades territoriales, pero también que la indemnización no sea la única fuente para la reparación. Que estas víctimas accedan a otros servicios que puedan ayudarles a superar la situación de vulnerabilidad en la que viven.
¿Qué servicios?
Requerimos que ellas puedan entrar en procesos de educación, pero también de empleabilidad. Si se les ayuda a superar la brecha de pobreza, no depende directamente de los recursos de las ayudas del Estado. Y esto requiere una política de enfoques de soluciones duraderas. Es algo que el secretario de Naciones Unidas les ha pedido a todos los países que viven las crisis del desplazamiento forzado.
La indígena es una de las poblaciones más afectadas por el conflicto. Usted es indígena. ¿Cómo logró hacerse abogada y construir su carrera de liderazgo social e incluso llegar a la Comisión de la Verdad?
Vengo de un territorio indígena y tuve la fortuna de acceder a la educación. Esto es lo que puede generar un país que accede a la educación, indistintamente de si es de un pueblo indígena, campesino o afrodescendiente. La educación transforma vidas. Poder tener esos cupos especiales indígenas en una universidad pública (la U. de Antioquia) me permite formarme y servirles a esas comunidades por muchos años. Fui la segunda abogada entre más de 250.000 emberas.
¿Y una idea concreta desde su entidad que se pueda convertir en una fuente de financiación?
Bueno, que aquellos recursos que las entidades no ejecuten en materia de víctimas puedan regresar a la Unidad de Víctimas para que sean ejecutadas en los asuntos de la indemnización. La otra es buscar soluciones duraderas para que las víctimas que están en extrema pobreza superen la vulnerabilidad en muchos temas, como educación, vivienda y empleabilidad.
¿Hay un proyecto de Ley de Víctimas este semestre?
Por solicitud de las víctimas, vamos a presentar en agosto, con una revisión en el Ministerio de Hacienda, el proyecto para lograr la mejor reforma posible. Para esto consideramos que es necesario dar unas discusiones técnicas y estamos en esas mesas. Hemos hecho nueve encuentros regionales masivos. Esto no es nuevo. Están las organizaciones de víctimas de la sociedad civil, los órganos de control.
No la puedo dejar ir sin hacerle una pregunta sobre los decretos, porque creo que estamos pendientes de la reglamentación de decretos presidenciales sobre temas indígenas sobre participación.
Claro que sí. Esto es algo histórico. En 2011, cuando salió la Ley de Víctimas, también se suscribieron los decretos leyes étnicos y estos debieron haber sido reglamentados hace 11 años. Los vamos a reglamentar este año. Comenzamos con el Decreto Ley de Víctimas indígenas, que es histórico. Va a transformar las instituciones del Gobierno en la atención a víctimas con los pueblos indígenas. Luego seguimos con los afrodescendientes y el pueblo gitano.
¿Eso que implica?
Eso implica que lograremos un trabajo en áreas dispersas, en comunidades en donde el Estado no ha llegado, donde requerimos trabajar de la mano con esas comunidades. En muchos de esos territorios hay una débil presencia de las instituciones y las debemos construir con esos propios pueblos.
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¿Pero crearán nueva institucionalidad en esas comunidades?
Va a haber mayor trabajo con esas comunidades. Allá la institucionalidad son los cabildos, sus autoridades. De lo que se trata es de reconocerlas, de trabajar con ellas de manera intercultural.
Un ejemplo práctico de los beneficios que tendría esa comunidad...
Le voy a contar mi experiencia en la Comisión de la verdad. Cuando hicimos la consulta, el acuerdo, con los pueblos indígenas de la Amazonia y reconocimos su institucionalidad y a sus autoridades, logramos avanzar en tres meses lo que a la institucionalidad del Estado le tomó 15 años.
Patricia Tobón, una indígena embera chamí que no abandona sus raíces
Importantísimo y hasta paradójico que uno de los sectores de población más afectados por la violencia en Colombia -el de los indígenas- esté, a través suyo, en cabeza de la entidad que trabaja por ayudar a las víctimas.
Claro que sí. Yo lideré en la Comisión de la verdad el capítulo étnico. Pues mire, 17 de los territorios donde se concentra la conflictividad armada bélica de disputas de grupos armados son territorios étnicos. Están en las fronteras, porque las fronteras se volvieron escenarios y conectan con un comercio internacional donde lo que tenemos ahí son grandes intereses en disputa.
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En medio de esa ignorancia gigantesca en la que vivimos en las grandes ciudades de Colombia, de vez en cuando pensamos que los indígenas son una masa homogénea, que todas las comunidades son iguales y resulta que no. En el caso de ustedes, los embera, hay como cinco variedades dialectales. ¿Cuáles habla usted?
Dos. El embera chami y el katío.
¿Y las practica mucho?
Sí, claro, porque son mis lenguas maternas. Los emberas pueden hablar cuatro o cinco. Yo solo hablo dos.
¿Son muy distintas entre sí?
Un poco, pero es la misma matriz dialectal.
¿Qué tal está la carretera de Medellín a su resguardo, el Karmata Rúa?
En este momento es amable, pero cuando yo era niña eran casi 12 horas de carretera destapada y, si había derrumbe, podías demorar hasta dos días.
¿Cómo era la vida en el resguardo en su infancia?
Bueno, la mayoría de mi comunidad vivía era en tambos. Me tocó ver cómo cambió la vida de mi comunidad en la medida en que comenzó el contacto con la sociedad mayoritaria. Mi comunidad estuvo a punto de perder la lengua materna cuando la Troncal del Café pasó por territorio nuestro.
¿Cuál es el primer recuerdo que usted tiene de la de la violencia del conflicto en Colombia?
Bueno, puedo decir que desde que nací escuchaba y veía la realidad de la ocupación de actores armados en las comunidades. Todo lo que las comunidades rurales pasan cuando varios actores se disputan un territorio. A las víctimas se les estigmatiza y se les responsabiliza solo porque un actor armado pasa por sus comunidades. No se hace responsables a los actores armados, sino a la comunidad. Si un grupo armado pasa con un arma y no le das el vaso de agua que te está pidiendo o si les das el vaso de agua ya eres colaborador de tal o cual grupo. Muchas víctimas reclaman solo su buen nombre. Por ellas, por las víctimas, hay que insistir en la búsqueda de soluciones al conflicto, pero también en la reparación, porque si la paz y la reparación nos interesan a todos, más les interesan a ellas, que fueron las afectadas por este conflicto.
Usted también coordinó labores con las comunidades indígenas que apoyaron la búsqueda de los cuatro niños que sobrevivieron al accidente de una avioneta en las selvas de Guaviare. ¿A qué atribuye el éxito de ese trabajo?
En el gobierno somos dos directores indígenas. Giovani Yule, que está en la Unidad de restitución, y yo, como directora de la Unidad para las víctimas. El presidente nos pidió que ayudáramos a acercar esfuerzos entre la comunidad indígena y las instituciones de gobierno porque quienes conocen estos territorios en la selva son los indígenas. Fue un ejercicio de interculturalidad. Somos un país lleno de prejuicios, de heridas que nos alejan. Todo el mundo se sorprendió porque fue la primera vez que la Guardia Indígena y la Fuerza Pública hicieron trabajo colectivo para sumergirse en la selva a encontrar a los niños. Creo que el país lo sintió. Cuando las instituciones reflejan la diversidad de país ayudan a tender puentes.
Lo interesante de esa experiencia fue ver a los militares reconociendo el valor del trabajo de los indígenas y reconociendo el trabajo de los militares. Hasta hace muy poco es no parecía muy posible en este país.
Realmente fue un proceso transformador, donde la vida primó y donde hubo un trabajo contra los prejuicios que permitió mostrar nuestra diversidad étnica, cultural y el valor del diálogo.
Además, por muy indígenas que sean, las comunidades étnicas tienen diferencias entre ellas. ¿No? Imagínese. No es lo mismo el pueblo nukak que el pueblo nasa. Trabajar con todas esas diferencias no es fácil, pero se logra cuando uno aprende la importancia de respetar las diferencias y convivir con ellas. En el mundo indígena hay un derecho reclamado históricamente: el derecho a ser distinto. Creo que ese es el gran reto de toda la sociedad.
Ahora que usted menciona a la Fuerza Pública, ¿cómo le ha ido con eso de buscar que se reconozcan como víctimas?
Bueno, estamos en una mesa de trabajo. En el Registro Único de Víctimas hemos registrado a miembros de la Fuerza Pública que han sido víctimas del conflicto armado. Una cosa son los asuntos del servicio, que son atendidos por el Ministerio de Defensa, pero hay otros hechos, por ejemplo, contra los militares retirados que son atacados en el marco del conflicto sin estar en el servicio.
Pero a algunos de ellos no les suena mucho la idea de reconocerse como víctimas.
Sí, algunos. Muchos. Y estamos trabajando en el reconocimiento de sus derechos y en atender a sus familias en el registro, cuando, por ejemplo, han sido desplazadas por el conflicto armado. Es un hecho público que muchas de las familias de los miembros de la Fuerza Pública, por el hecho, de que son familiares, fueron desplazados, padecieron muchos hechos victimizantes y, por supuesto, ahí estamos haciendo un trabajo. También lo estamos haciendo con todas las víctimas. Los hechos victimizantes afectaron a todo Colombia: a empresarios, ganaderos, combatientes, comunidades indígenas, comunidades campesinas.
Y ahora que usted dice “ellas” me hace pensar en ese necesario enfoque diferencial en atención a las mujeres víctimas.
Estamos haciendo escuchas muy grandes para mejorar la política de víctimas, con
enfoque de género, de reconocimiento de las diversidades, de identidad de género, todos los aspectos diferenciales de la interseccionalidad. No es lo mismo ser una mujer indígena que una mujer afrodescendiente negra, palenquera, raizal o una mujer campesina. Estamos adelantando los ajustes internos de las resoluciones para que de verdad puedan ayudar también a que los enfoques diferenciales avancen.
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