Golpe severo a la credibilidad moral del Gobierno


Pese a los escándalos anteriores —unos muy ciertos y otros inventados (como el de $3.000 millones, en cinco maletas, para Petro) o agravados artificiosamente por la oposición—, el de la corrupción desatada en el antro conocido como Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es el que mayor daño le puede hacer al presidente, no solo en cuanto a su poder de negociación y capacidad de ejecución ya disminuidos, sino, también, en la credibilidad de su administración. Recuperarse de este golpe será muy difícil: al “cambio” de las estructuras podridas que han servido de motor del sector público durante décadas, por unas modernas y limpias que prometió el jefe de Estado, no le queda casi ninguna posibilidad. Sus funcionarios, nombrados por él mismo o con su aquiescencia, se encargaron de destruir la esperanza de millones de electores que votaron con esa ilusión. No cabe duda: sobre el presidente Petro y algunos de sus asesores recae la responsabilidad política del atraco multimillonario que padecieron las arcas oficiales destinadas a enfrentar los efectos de los desastres naturales, que fueron saqueadas por servidores gubernamentales aunque nadie haya comprometido personalmente al mandatario con ese episodio vergonzoso.

Por lo pronto, el presidente asumió la culpa por el nombramiento del sujeto Olmedo López, director de esa entidad hasta hace poco (ver), al parecer uno de los principales operadores del multimillonario robo. Pero no reconoció cercanía con los demás involucrados, entre estos quien trabajó, durante un año, a metros de su despacho: su consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, una excongresista de partidos tradicionales cuya carrera ha sido impulsada mediante el viejo estilo clientelar de Boyacá, región en donde ella y su familia cercana han pelechado gracias a contratos públicos locales y puestos de elección popular avalados por la U, primero, y por el Verde, después. ¿Cómo se apoltrona Ortiz en la Casa de Nariño, en una administración tan extraña —presuntamente— a las prácticas nefastas de la política nacional? Se puede suponer con buen criterio que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) —en la práctica, un ordenador del gasto oficial— y dueño del partido Alianza Verde y de sus avales, fue quien la postuló y apoyó durante su estancia palaciega. González también sería —por lógica partidista— el lazo que ataba a la UNGRD y a Ortiz con el presidente del Senado, el oscuro Iván Name, elegido por el Verde, una colectividad oportunista compuesta por aspirantes a carrera política que no cabían o no eran bien recibidos en los otros partidos, enmohecidos y atiborrados de politiqueros.

Los corrompidos Olmedo López y su subdirector en la Unidad para la Gestión de Riesgo, Sneyder Pinilla, que prometen ventilar las responsabilidades de los demás para salvar su pellejo, vienen de las costumbres más perversas: López, no obstante su militancia en apariencia de izquierda, ha sido aliado clave del mal reputado senador conservador Carlos Andrés Trujillo, exalcalde de Itagüí, municipio en donde se concentra un número apreciable de contratos de la UNGRD que aún no ha sido investigado; Pinilla, ahora un santo varón “víctima” de las decisiones torcidas de otros, obtuvo posiciones oficiales para él y otros familiares como ficha del clan Aguilar de Santander, varios de cuyos miembros han sido encarcelados, no precisamente por su buena conducta. Algunos de los funcionarios manchados con el robo de los dineros estatales no han tenido relación con el Gobierno en el trámite de sus reformas. Otros sí. Lo cierto es que cuando se levante un dedo acusador habrá que mirar a cuál mano le pertenece porque, ciertamente, el Partido Liberal (con el presidente de la Cámara), el Verde, la U, Cambio Radical o el Centro Democrático (cuyas bancadas eligieron a Name para la presidencia del Congreso) no tienen autoridad moral para señalar a nadie: están untados hasta el cuello con el mismo pecado.

Entre paréntesis. A propósito, ¿por qué nadie se preocupa por rechazar o por investigar el escándalo de la UNGRD en el Gobierno Duque que manipuló el dinero destinado a combatir el COVID como una “auténtica caja negra en el manejo de los recursos de la pandemia” (ver), blindando la contratación, que ascendió a $1,2 billones, de la vigilancia pública porque, presuntamente, comprometía a congresistas y políticos del Centro Democrático?

Entre paréntesis II. ¿Por qué la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría no amplían sus indagaciones a los contratos firmados por Olmedo López para el alquiler de maquinaria amarilla (camiones y tractomulas) por $130.000 millones que recayeron justo en Itagüí? ¿O los miles de contratos concentrados en el departamento de Santander, de los Aguilar? ¿O la contratación para la construcción y reconstrucción de los reservorios de agua —jagüeyes— en La Guajira?