:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/bErv8JDt2-_jsefFSKdGTArIrdk=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/FBZU2AN2ZNC6VG6YIXEXBGB7X4.jpg)
La comisión de 14 expertos nombrada por el Gobierno, a propuesta de grupos parlamentarios, sindicatos y patronal, ha dado las claves para desarrollar la estrategia de descarbonización de la economía española mediante la Ley de Cambio Climático y el Plan de Energía y Clima, que ahora toca acordar.
El informe “Análisis y Propuestas para la Descarbonización“, que se presenta mañana y que hoy avanza Efeverde en exclusiva, proporciona una base sólida para que los grupos parlamentarios concreten la planificación energética y fiscal de la próxima década para cumplir los compromisos asumidos de lucha contra el cambio climático.
Frente a la avalancha de documentos presentados en los últimos meses por partes interesadas en el debate, este es el análisis de los expertos que partidos y agentes sociales han designado y, aunque no es vinculante, sí debe inspirar el debate para el desarrollo de políticas que, por ser de gran calado y a largo plazo, requieren un amplio consenso.
El grupo de sabios, poco sospechoso de “revolucionario” por su mayoría conservadora, concluye que la transición requiere de una reordenación de la fiscalidad energética y de los peajes, en la que se penalicen los gases contaminantes, principalmente creando un impuesto al CO2 y subiendo el del gasóleo, se suprima el llamado impuesto al sol, y los sobrecostes desaparezcan de la factura.
Claves del informe
En el escenario de descarbonización más probable para España en 2030 se aprecia el lastre de un país altamente dependiente en el presente de la importación y consumo de combustibles fósiles para el transporte, la industria y los usos residenciales.
Así, aunque los expertos ven perfectamente viable un 62% de generación renovable en 2030, cifra que convertiría a España, por primera vez, en un país exportador de energía, el consumo final de energía limpia sólo supondría el 29,7% del total, porque los hogares y la movilidad seguirían dependiendo del petróleo y el gas.
Solo una apuesta decidida por la electrificación en esos sectores, un impuesto disuasorio para los carburantes (como el 29% propuesto para el gasóleo) e incentivos elevarían la cifra de consumo final con renovables.
Ante la incertidumbre sobre el desarrollo a gran escala de tecnologías de almacenamiento de energía renovable, los expertos dejan en menos del Parlamento una decisión que mantiene expectante al sector nuclear y gasista: con cuál de esas energías se va a dar el respaldo necesario para garantizar la estabilidad del suministro.
En el caso nuclear, supondría alargar la vida de las centrales más allá de los 40 años con sus consiguientes implicaciones.
Señales claras
El Congreso cuenta con una Comisión de Cambio Climático que lleva una década escuchando a ponentes de los ámbitos más diversos relacionados con la transición y todos coinciden en la misma petición a los partidos: pacten una regulación estable para cumplir los objetivos climáticos para que todo el mundo pueda saber a qué atenerse en sus decisiones.
Además, en la transición hacia una economía descarbonizada habrá perdedores a los que hay que anticipar soluciones económicas y sociales.
El reto de la descarbonización es “colosal” -reconocen los expertos- porque requiere poner patas arriba el modelo de producción y consumo imperante, pero si se aborda bien y a tiempo presenta grandes oportunidades para la competitividad y el empleo dado el buen posicionamiento de partida de España en las energías del futuro (sol y viento).
Próximos pasos
De los dos normas que asesorará este documento, la más avanzada es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador se cerrará, previsiblemente, en las próximas semanas tras pasar por la comisión interministerial que lo estudia.
Según fuentes consultadas por Efe, la ley irá en breve por Consejo de Ministros y, tras el informe del Consejo de Estado y un periodo de información pública, llegará al Parlamento antes del cierre estival para su debate en otoño.
Dado las diferentes velocidades en los ministerios de Medio Ambiente y Energía, la futura ley marco hablará de la obligatoriedad de ir desarrollando planes nacionales integrados de energía y clima, marcará los contenidos de los mismos, e incorporará el primero en cuanto esté acabado pero sin necesidad de esperarlo para su aprobación.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha dicho que no presentará el plan (2021-2030) hasta que no concluyan las negociaciones europeas para cerrar los objetivos a 2030 (está en liza pasar de un 27% de renovables a un 35%), si bien no podrá dilatarlo más allá de finales de año, cuando la UE exige el primer borrador.
El Gobierno lleva años anunciado una Ley de Cambio Climático y la oposición otros tantos reclamándola, se acerca el momento de ponerse de acuerdo para que España pueda llegar a la cumbre de la ONU, en diciembre, con una hoja de ruta para cumplir el Acuerdo de París, como la que ya poseen los países del entorno. EFEverde