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Hace 1 min

Condenan a la Nación por la ejecución extrajudicial de una niña de 13 años

En marzo de 2002 fue presentada como guerrillera muerta en un operativo militar en San Rafael, Antioquia. Según el expediente, el entonces comandante de la IV brigada del Ejército, general Mario Montoya; y el general Leonardo Gallego, llegaron un día después a la zona y anunciaron el hecho a la prensa.

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En el solar de un asilo de ancianos en el municipio de San Rafael en Antioquia, la Cuarta Brigada del Ejército presentó los cuerpos de cinco personas como supuestos integrantes de las Farc muertos en una operación del 9 de marzo de 2002. Hubo una rueda de prensa por parte de altos mandos. Pero, según el expediente judicial que reposa en el Consejo de Estado, las víctimas no tenían nexos con grupos ilegales, hubo irregularidades en el manejo de la escena del crimen y en el manejo e inspección de los cuerpos. Otro caso de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

Así lo indicó el Consejo de Estado al condenar a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por la muerte de una de las víctimas: Érika Viviana Castañeda López de tan solo 13 años. La niña murió por seis impactos de bala que recibió cuando iba en el platón de una camioneta a la altura del puente Los Balsos, en la vía que de San Rafael conduce a San Carlos en Antioquia. El Ejército alegó que las tropas del Batallón de Artillería No. 4 fueron atacadas y solo respondieron al fuego, sin querer causar daños a civiles. Pero no fue así.

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(En contexto: Los nuevos comandantes del Ejército que estarían vinculados con “falsos positivos”)

La decisión del Consejo de Estado en poder de El Espectador da crédito a una serie de testimonios que reposan en los procesos penales y disciplinarios por este hecho, los cuales apuntan a que ese día el Ejército emboscó la camioneta en la que iban los estudiantes. ¿La razón? El objetivo era el conductor del vehículo Parmenio Usme, miembro de las Autodefensas. Días previos al ataque, dicen las declaraciones, el sargento Ever Ospina Martínez, se había reunido con un miembro de las Autodefensas conocido como El Diablo, quien le dio los detalles de en dónde iba a estar Usme.

“El comandante del segundo pelotón, que actuó como principal en la misión, tenía un propósito distinto, consistente en dar de baja a Parmenio y otros miembros de las Autodefensas, con fundamento en la información que Ever Ospina obtuvo de alias El Diablo, Tomate y/o Diablo Rojo”, dice el fallo. Usme sobrevivió y luego dio su versión ante Justicia y Paz. Ahora, ¿por qué los civiles iban en la camioneta? Porque, según dijo el propio Usme, este se ofreció a llevarl a Érika y una amiga, Deisy, ya que en la zona estaban en paro armado y a él muchas personas lo conocían en la región. En el camino recogió a tres personas más.

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 (Lea aquí: Piden avances en casos de generales cuestionados por ejecuciones extrajudiciales).

El Consejo de Estado además determinó que la Érika Viviana no era integrante de las Autodefensas ni sabía que Parmenio lo era, ni tampoco hacía parte de las Farc como señaló el Ejército de manera oficial. El fallo toma en cuenta las declaraciones de los militares involucrados que detallaron que, al otro día de los hechos, llegaron a la zona el entonces comandante de entonces de la Cuarta Brigada, general Mario Montoya; y el entonces comandante de Policía de Medellín, Leonardo Gallego, para hablar con la prensa sobre el operativo. Por ejemplo:

“Erik Barrera declaró que el coronel Novoa, el general Montoya y el general Gallego hablaron con la prensa, luego dijo que desconocía por qué la persona que informó lo sucedido a los medios manifestó que los abatidos pertenecían a las Farc. (…)  Ever Ospina refirió que el general Montoya, comandante de la Brigada; el general Gallego, comandante de la Policía de Antioquia y el coronel Novoa, comandante del Batallón de Artillería No. 4, arribaron al día siguiente del suceso para efectuar una rueda de prensa en la que expusieron los resultados de la operación, para luego asegurar que desconocía el motivo por el cual presentaron a las víctimas como insurgentes”.

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Para el Consejo de Estado es claro que se ocultó cómo ocurrieron los hechos realmente, pues la muerte de Érika no fue resultado de un enfrentamiento y hubo irregularidades en el manejo de la escena del crimen. “No se sabe cuál fue la autoridad que levantó los cadáveres del sitio del suceso, pues el soldado Carlos Fernández afirmó que los uniformados recogieron los cuerpos del sitio donde yacían y los ubicaron a un lado de la carretera. Por su parte, la fiscal Romero los inspeccionó en el patio del Hospital de San Rafael, puesto que el director seccional de fiscalías no la autorizó para acudir a la escena. dado que el Ejército no garantizaba su seguridad. Por último, Julio Novoa Ruiz, comandante del Batallón de Artillería No. 4, declaró que ordenó a los soldados que levantaran los cadáveres en presencia de la Fiscalía, pero no recordaba si los soldados acataron la orden”.

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“Tampoco existe registro de la escena del suceso y los militares la alteraron. De los cuerpos sin vida se desconoce dónde y cómo quedaron, al igual que el material bélico, es decir, si estaban dentro o fuera de la camioneta, en qué posición y si las armas estaban camufladas en el vehículo o los fallecidos las portaban. Tal actuación entorpeció la averiguación inicial e implicó la pérdida de evidencia relativa a que se trataba de combatientes abatidos con ocasión de un enfrentamiento armado”, agrega el fallo.

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El Consejo de Estado entonces ordenó al Estado a indemnizar a los familiares de las víctimas y señaló que la justicia penal militar hizo en su momento una investigación débil e inexplicable. En el hecho también fallecieron Deisy Johana Carmona, Giovanny Uribe Noreña, Nelson Alfredo López  y Jon Jairo Hincapié. Por estos hechos, fueron condenados los militares Óscar Mayo Marulanda, Carlos Fernández Calderón, Luis Ortega López, Fabián Gutiérrez Oquendo, Luis Meza Montoya, Iván Robles Meriño y Ever Ospina Martínez.

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