Así cayó la red de explotación sexual de menores que operaba en el Parque Lleras de Medellín

Los sujetos organizaban, además, fiestas en fincas de municipios aledaños a la capital antioqueña donde extranjeros accedían carnalmente a las menores de edad.

Redacción Judicial
18 de octubre de 2019 - 11:23 p. m.
(Imagen de referencia de Medellín) / Archivo El Espectador
(Imagen de referencia de Medellín) / Archivo El Espectador

A finales de 2017 llegó una denuncia anónima a la Fiscalía General. El escrito aseguraba que, a través de redes sociales, un joven de cerca de 20 años reclutaba a menores de edad de barrios populares de Medellín y las convencía de tener relaciones sexuales con extranjeros a cambio de dinero. Las autoridades comenzaron a indagar y, en febrero de este año, dos menores de 14 años acudieron a una estación de Policía de la capital antioqueña a denunciar hechos similares. Las dos denuncias se cruzaron por un nombre: Faber Alejandro Pérez. Así comenzó la caída de una red de explotación sexual que operaba en el Parque Lleras de Medellín.

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Este viernes, en ese mismo parque, que es el epicentro de la rumba en la capital antioqueña, el alcalde Federico Gutiérrez, la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi; el fiscal general (e), Fabio Espitia, y miembros de la Policía Nacional dieron a conocer cómo se desmanteló la estructura criminal: por lo menos 28 víctimas han sido plenamente identificadas, así como 18 proxenetas y “clientes” de sus servicios. De ellos, nueve han sido capturados y ya están siendo judicializados. Contra el resto, continúan las investigaciones.

Pérez sería el administrador en Facebook de un perfil llamado “Ninfómana Subversiva”. La página ofrecía servicios sexuales con menores de edad a través de un catálogo con fotografías de más de 100 niños y niñas de entre 14 y 17 años, que residían en los barrios Popular, Manrique, Aranjuez, así como en el sector Cabañas, del municipio de Bello. Según conoció este diario, Pérez reclutaba a sus víctimas en discotecas del nororiente de Medellín, las convencía de irse a vivir con él para tenerlas más custodiadas y se quedaba con entre el 30 y el 50 % del valor que pagaba el extranjero por el encuentro sexual, valor que podía ascender hasta los $ 400.000.

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En el curso de la investigación, las autoridades se encontraron con que Pérez ya estaba privado de la libertad, con lo cual le imputaron nuevos delitos: inducción a la prostitución y proxenetismo con menor de 18 años. El hombre, al parecer, cuando no lograba programar con anterioridad los encuentros sexuales, enviaba a los menores al Parque Lleras, para que se encontraran allí con los potenciales explotadores. Una vez las autoridades lograron identificar, en alguna medida, el involucramiento de Pérez en el esquema, interceptaron su celular, así como los de algunas de sus víctima.

Según conoció este diario, fue tras escanear los celulares de las víctimas, que se logró identificar a múltiples explotadores —de Colombia y otros lugares del mundo—, que le demandaban servicios y recomendaciones a Pérez, además de otros proxenetas que estarían vinculados con la red.

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Fue así como se identificó a Víctor Galarza, capturado en Nueva York (Estados Unidos) por la agencia de controles migratorios ICE. Galarza, supuestamente, viajaba con frecuencia entre Estados Unidos, los Emiratos Árabes y Colombia y contactaba a las menores de edad por sus redes sociales o a través de proxenetas como Pérez. Al parecer, el hombre persuadía a las menores de sostener relaciones sexuales con él, a cambio de dinero, drogas como el 2CB, o viajes a Cartagena o Nueva York. Sin embargo, según las autoridades, el hombre grababa los encuentros sexuales y vendía el contenido por redes sociales.

Entre los detenidos también están: Raúl, quien trabajaba en un hotel del Parque Lleras y se encargaba, asimismo, de reclutar niños y jóvenes que llevaba a fiestas con ciudadanos extranjeros en fincas de municipios aledaños a la capital antioqueña, como Guatapé.

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Labor similar cumplía Esteban Gay, quien al parecer era la competencia de Pérez en el negocio ilícito. El sujeto, que deberá responder por los delitos de proxenetismo con menor de 18 años e inducción a la prostitución, organizaba fiestas con drogas en Guatapé y Girardota, a las que llevaban a las menores.

Maryori, por su parte, tiene un negocio de renta de cuatrimotos en el municipio de Copacabana. Según las autoridades, se valía de este contacto directo con turistas para organizar también fiestas sexuales, a las que Pérez, supuestamente, llevaba a las menores. La segunda parte del negocio para Maryori llegaba porque era ella quien proveía las fiestas de 2CB y marihuana.

Entre los explotadores, que requerían los servicios de la red, hay ya varios capturados. Andrea, por ejemplo, demandó servicios sexuales con menores de edad para ella y su pareja extranjera. Herbie, por otra parte, sostuvo por lo menos ocho encuentros sexuales con una menor a la que daba dinero y regalos. También está Erick Camilo, uno de los sujetos que aparece en videos de encuentros sexuales que grabó Galarza, o El Chileno, un cliente asiduo de Pérez.

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Por otro lado, está William, un ganadero de 58 años que tiene fincas Girardota, Copacabana y Gómez Plata, donde era anfitrión de las fiestas en las que violaban a las menores. Al parecer, el sujeto además invitaba a los encuentros a extranjeros y se encargaba de desplazarlos hasta sus propiedades, donde finalmente les cobraba por los encuentros con las menores.

Además de los nueve capturados, se emitieron circulares azules de la Interpol en contra de tres extranjeros. El alcalde Gutiérrez condenó que los extranjeros visiten Medellín y fomenten este tipo de actividades: “No pueden venir a territorio colombiano a creer que van a hacer lo que quieran, ni que están por encima de las leyes colombianas, ni que pueden venir aquí a atentar contra nuestros niños y niñas”. Por su parte Pungiluppi reprochó que, en muchos casos, estas redes cuentan con la complicidad de los familiares de los menores: “Es una mezcla letal de crimen, vicio, rentas y placer a costa de los sueños y derechos de los más frágiles e impotentes. Por eso, las penas deben ser aún más severas cuando los victimarios son familiares y cuidadores”.

Por Redacción Judicial

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