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Sun, 07/08/2018 - 21:00
Comunidad denuncia irregularidades

¿Un POT a la medida de la funeraria Los Olivos en Girardot?

En 2011, el Concejo de Girardot aprobó la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial. Los cambios fueron fundamentales para permitir que el negocio funerario construya un cementerio.

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Más de 300 habitantes y vecinos de la vereda Guabinal Plan, en el municipio de Girardot (Cundinamarca), se resisten a que la funeraria Los Olivos construya un parque cementerio en el sector. Desde hace cinco años, los ciudadanos pujan para que el proyecto no entre en funcionamiento debido a que, según ellos, podría ser riesgoso para la salud y el medio ambiente. Denuncian, además, que el Concejo de la ciudad habría modificado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para favorecer directamente la construcción del complejo exequial.

La historia del predio donde se planea levantar el cementerio se inició en 1939, cuando el primer dueño del terreno lo vendió por $400. Desde esa época, el terreno de 22.046 metros cuadrados pasó por las manos de otros propietarios a través de herencias o compraventas, hasta que en el año 2007 fue adquirido por $165 millones por la sociedad Servicios Funerarios Cooperativos del Tolima (Serfuncoop), que se dedica al negocio de las exequias. A nivel nacional es más conocida por la marca Los Olivos.

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Aunque desde que adquirió el predio el propósito era utilizarlo para expandir sus negocios funerarios, Serfuncoop se encontró con una dificultad: no podía construir en él un cementerio, pues el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) establecía que debía tener un área mínima de cuatro hectáreas y el terreno apenas tiene 2,2 hectáreas. Adicionalmente, el predio es de tipo rural, por lo que, según las normas, su destinación principal debía ser para uso agrícola, ganadero, forestal o explotación de recursos naturales.

Pero la suerte cambió para Serfuncoop en noviembre de 2011, cuando el Concejo de Girardot modificó el POT argumentando la necesidad de una reorganización territorial para integrar las dimensiones sociales, económicas y ambientales del municipio. Y lo primero que hicieron los cabildantes fue aprobar un artículo que cambió el uso del suelo del predio de Los Olivos, que pasó de ser rural a suburbano, es decir, con una mezcla de formas de vida del campo y de la ciudad. En el acuerdo quedó claro que el predio se afectó para ubicar el parque cementerio.

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Otra de las modificaciones para incidir en el terreno tiene que ver con la distancia a la que deben estar las salas de velación de hospitales, clínicas, escuelas, mataderos, plantas de procesamientos de artículos alimenticios y supermercados. En 2011, esa distancia se redujo de 300 metros a 200 metros. Y el cambio que terminó de despejarle el camino a Los Olivos fue la eliminación del número mínimo de hectáreas para construir el cementerio. Las cuatro hectáreas ya no fueron exigidas. El nuevo texto quedó así: “El área de los jardines cementerios dependerá de la magnitud del proyecto”.

Con la bendición del Concejo, Serfuncoop obtuvo la licencia urbanística en diciembre de 2016 para edificar en 7.991,07 metros cuadrados. Según la oficina de planeación, la sociedad pasó los estudios ambientales y sanitarios. Pero en mayo de 2017, los vecinos del predio se quejaron de que no fueron citados para socializar el proyecto y hacer valer sus derechos. “La comunidad desconoce de qué forma se verá afectada por las emisiones del proyecto con horno crematorio”, aseguraron en un derecho de petición para solicitar una audiencia pública ambiental. El Espectador contactó a Serfuncoop para conocer sus comentarios sobre este caso, pero no recibió respuesta.

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Un año después, la comunidad sigue inconforme, porque la escuela Luis Antonio Duque Peña está a 120 metros. Mauricio Gómez, director técnico de la oficina de planeación, dice que está a 200 metros, por lo que cumple con el POT. Pero, además, los habitantes denuncian que en el terreno escurren aguas lluvias del cerro y causan inundación en épocas de invierno en un sector poblado, pues a menos de 500 metros están la urbanización El Talismán y los condominios Tierra Linda, Villa María y Los Tulipanes.

La comunidad dice que la escuela Luis Duque Peña está a 120 metros del futuro cementerio.

Según la comunidad, existe una resolución del Ministerio de Salud que estipula que los cementerios no pueden estar localizados en terrenos inundables o que reciban aguas drenadas, y deben ubicarse alejados de viviendas y conjuntos residenciales. Naír Sabogal Castro, presidenta de la junta de acción comunal de la vereda Guabinal Plan, vive a 50 metros, recalca que lo único que los separa es un cercado y señala: “Hay una panadería al lado de mi casa y un secadero de café. Unas 486 personas vivimos en la vereda, la mayoría adultos mayores y niños. La construcción nos perjudica y en cambio no tenemos ni alcantarillado y sólo una vía de acceso”.

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Mientras la población pide intervención a los entes de control, los funcionarios que participaron en las modificaciones del POT preparan su defensa ante eventuales procesos judiciales. Ómar Aguirre, concejal ponente del proyecto de acuerdo que cambió el POT en Girardot en 2011, reconoció a este diario que la comunidad de la vereda Guabinal tiene razón en sus quejas, pero excusó al Concejo. En cambio, les achacó la responsabilidad del “error” a la Alcaldía y a la persona que contrató la entidad para formular la modificación del POT.

“Los concejales no fuimos los que modificamos el POT o cambiamos el uso del suelo. El alcalde de la época, Rodolfo Serrano Monroy, contrató a una persona para hacer el POT. El proyecto tenía el visto bueno de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y del Instituto Agustín Codazzi antes de pasar al Concejo. A nosotros nos pasaron el estudio hecho y lo aprobamos. No sometimos ese punto del cementerio a debate porque nunca supimos que no era adecuado. En la plenaria nombraron el número de la matrícula inmobiliaria del predio, pero no dijeron que era de Los Olivos, ni que quedaba al lado de unas viviendas. Seis años después nos dimos cuenta del error, pero actuamos de buena fe. Nos metieron un gol. Estoy dispuesto a explicar lo que pasó”, aseguró Aguirre a este diario.

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El exalcalde Rodolfo Serrano Monroy, conocido como el “cacique de Girardot”, fue destituido e inhabilitado en 2015 para ejercer cargos públicos durante 12 meses. La sanción fue ordenada por la Procuraduría por haber adaptado el pliego de condiciones de una convocatoria contractual de $143 millones para favorecer a un proponente. Además, Serrano es procesado penalmente por peculado por apropiación, interés indebido de contrato y concierto para delinquir, por supuestamente haber afectado el presupuesto del municipio con artimañas de contratación.

Pese a que se montó una valla, habitantes dicen que nunca les avisaron por correo certificado sobre la construcción.

Sobre la actuación de los concejales, Mauricio Gómez agregó que se sabía que el predio de Los Olivos era para la construcción de un cementerio. “Si hubo cambio de uso del suelo, lo hicieron en ese momento. Yo no lo modifiqué y si hay que hacer alguna revisión corresponde a los entes de control. En todos recae la aprobación del POT: en la persona que hizo los estudios, en la CAR, que da la viabilidad de la parte ambiental, y en el Concejo. Uno no aprueba algo que no lee. Pecaron todos. Adicionalmente a eso, las viviendas que están ahí son invasiones, no tienen título del bien inmueble”, puntualizó el funcionario de planeación municipal.

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Sin embargo, los vecinos del cementerio defienden sus inconformidades y aseguran que son propietarios legítimos de esos terrenos. Naír Sabogal muestra los recibos de servicios públicos que paga y la constancia del pago del impuesto predial. El ingeniero Mauricio Jaramillo Pantoja, quien ha acompañado a las comunidades en este proceso, agregó que decir que esas viviendas son invasiones es una “miserableza”. “Esas personas llevan viviendo ahí 40 años. Les llega el predial y lo pagan. Como contribuyentes han sido tenidas en cuenta, pero ahora quieren decir que no. El señor Mauricio Gómez no puede hacer esa afirmación. Tenemos pruebas de que esas casas tienen servicios de agua, luz y gas, legamente otorgados por la Alcaldía municipal, y el 90 % de los pobladores tienen matricula inmobiliaria y escritura pública. Es una total mentira y Gómez es quien tiene que probar que son invasores. Es una afirmación muy grave”, aseguró Jaramillo a este diario.

El ingeniero Jaramillo puntualizó también que los concejales no pueden excusarse por su actuación en este caso. “En la matrícula inmobiliaria del predio dice quién es el propietario. Aquí la buena fe no existe. Ellos sabían que Serfuncoop era el dueño del lote desde 2007, y esa es una sociedad dedicada a construir parques cementerios. Modificaron el POT para ese lote y eso es un prevaricato de todos los concejales”.

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*Si tiene comentarios escriba a investigacionee@elespectador.com

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