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Sat, 08/25/2018 - 22:00
Los hilos sueltos del escándalo Odebrecht

Las alertas de corrupción que no fueron oídas en la Ruta del Sol

Desde 2012, en el interior de la Concesionaria Ruta del Sol existen reportes sobre irregularidades en la contratación. Un testigo, correos electrónicos y otras pruebas dejan ver que sólo se tomaron medidas preventivas después de 2016.

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“Yo informé cuáles eran los contratos que presentaban anomalías y le corresponde dar razón de ellos a Odebrecht, a los administradores y a Corficolombiana”. Las palabras son del ingeniero civil Jorge Enrique Pizano, uno de los principales responsables del control y monitoreo de la información financiera y contable de la Concesionaria Ruta del Sol. Esas declaraciones hacen parte de su testimonio ante el Tribunal de Arbitramento, que en los próximos días definirá la demanda planteada por Odebrecht y Corficolombiana contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en busca de una indemnización económica por casi $750.000 millones.

(Vea: “Fui una piedra en el zapato para los accionistas de la Ruta del Sol 2": Luis Fernando Andrade)

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El testimonio se recaudó el pasado 6 de febrero en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, y en él Pizano reiteró que, del año 2016 hacia atrás, sus informes realizados como controller de la Concesionaria Ruta del Sol, cargo que desempeñó entre agosto de 2010 y noviembre de 2017, fueron presentados al entonces presidente de Cofircolombiana, José Elías Melo. Es decir, sus alertas sobre contratos irregulares en el interior de las obras de la Ruta del Sol que desarrollaba la empresa brasileña Odebrecht entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar) empezó a darlas a la empresa del Grupo Aval en 2012.

Con experiencia profesional de 32 años, 20 de ellos en servicios públicos y gerencia de infraestructura, el ingeniero Pizano no sólo ha comparecido ante este Tribunal de Arbitramento. También lo hizo ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dentro del proceso administrativo que se adelanta contra la Concesionaria Ruta del Sol. Además entregó correos electrónicos que prueban sus advertencias a Corficolombiana sobre anomalías de contratación por parte de empleados nombrados por Odebrecht. Ante la fiscal del caso Odebrecht, no sólo ratificó sus declaraciones, sino que entregó copias de los informes que en su momento envió a Corficolombiana.

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Su papel es crucial para entender el engranaje gerencial que estuvo detrás de la cuestionada intervención de Odebrecht en la Ruta del Sol a través de contratos ficticios que hoy investiga la justicia. Pizano fue nombrado por Corficolombiana como controller el 1º de agosto de 2010, es decir, responsable de evitar riesgos financieros, operacionales y estratégicos en la Concesionaria Ruta del Sol. Ocho meses antes, el Instituto Nacional de Concesiones (hoy ANI) le había adjudicado el contrato para desarrollar la obra a la firma Odebrecht y a sus socios Episol, filial de Corficolombiana, del Grupo Aval, y la empresa Carlos Solarte Constructores.

Una vez creada la Concesionaria Ruta del Sol, los socios Odebrecht y Corficolombiana conformaron un consorcio paralelo para manejar exclusivamente el desarrollo de las obras. Ese nuevo frente de operaciones se denominó Consol. El paso siguiente fue nombrar directivos tanto para la Concesionaria como para Consol. En la Concesionaria, mientras Odebrecht impuso al brasileño Eder Ferracuti como presidente y designó a cuatro directores ejecutivos para secundar sus tareas, Corficolombiana no sólo nombró a Pizano como controller, sino que escogió como director de operaciones a Gustavo Ramírez Galindo.

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Según lo recalcó en audiencia ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio, cuya transcripción completa fue conocida por El Espectador, lo primero que implementó Jorge Pizano fue el sistema Sarlaft, un manual de contratación contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, que entró a operar el 28 de septiembre de 2012. En ese sistema se debían registrar todos los contratos firmados por la Concesionaria. Por eso tenía la facultad de detectar a aquellos contratistas que se saltaban el filtro del Sarlaft. En otras declaraciones ha agregado que, a pesar de su insistencia ante los comités directivos, Consol decidió no aplicar este control.

En particular, en su testimonio ante el Tribunal de Arbitramento resaltó que, a pesar de que promovió muchas capacitaciones a los directivos de la Concesionaria y de Consol para la aplicación del Sarlaft, y que hasta se volvió “cansón” exigiendo el cumplimiento de los procesos de calidad, comenzó a percatarse de que no recibía toda la información contractual para su revisión. En el expediente abierto por la Superintendencia de Industria y Comercio reposan copias de todos los correos de los empleados de la Concesionaria y de Consol, entre ellos los que envió Pizano desde diciembre de 2012 insistiendo en la obligatoriedad del control Sarlaft.

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A partir de 2013, cuando empezó a detectar las primeras anomalías en pagos de contratos que no cumplían con los requisitos exigidos, Pizano solicitó por escrito una auditoría externa para aclarar la situación y, según él, informó a Corficolombiana, primero verbalmente y luego a través de correos. En la transcripción de su testimonio ante el Tribunal de Arbitramento aclara que lo hizo a José Elías Melo, presidente de la empresa del Grupo Aval. La situación continuó durante ese año sin novedades, hasta que en 2014, ante sus reiterados llamados de atención, se optó por crear una base de datos en la que quedaran registrados todos los contratos, de conformidad con lo ordenado ese año por la Supersociedades.

El 19 de junio de 2015, cuando trascendió la captura en Brasil de Marcelo Odebrecht, presidente de la multinacional brasileña, por multimillonarios sobornos en 12 países, entre las autoridades judiciales o gubernamentales colombianas se encendieron las alarmas. Pero en el interior de Corficolombiana, la Concesionaria Ruta del Sol, Consol y la filial de Odebrecht en Colombia, el revuelo fue total. La prueba es que seis días después, el 25 de junio, Pizano envió un documento a Corficolombiana con información de todos los contratos en los que había encontrado reparos. El informe fue requerido directamente por la presidencia de Corficolombiana en esos mismos días de junio de 2015.

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Correo enviado por Pizano a los directivos de Corficolombiana.

En dicho informe, Pizano resaltó los casos de incumplimiento en los procedimientos de compras y suministros o la ausencia de verificación de listas cautelares de algunos contratistas. En el aparte final del documento del 25 de junio de 2015 reseñó cinco contratos que denominó “casos especiales”, en los cuales se realizaron 18 pagos irregulares entre marzo de 2013 y abril de 2015. En la misma misiva agregó que él mismo había advertido de sus inconsistencias al presidente de la Concesionaria Ruta del Sol, Eder Ferracuti, a los representantes de Corficolombiana en la junta directiva y al comité directivo de Consol.

Eso explica por qué Pizano, en la rendición de su testimonio ante el Tribunal de Arbitramento, que dirime el litigio entre la Concesionaria Ruta del Sol y la ANI, recalcó que informó al presidente de Corficolombiana cuáles eran los contratos con irregularidades y de qué manera, después de junio del 2015, la empresa del Grupo Aval siguió pidiendo explicaciones. Tanto fue así que, en octubre de ese mismo año, Pizano envió otro informe y agregó más empresas con contratos en entredicho que sumaban más de $21.000 millones en pagos. Entre las empresas mencionadas aparecieron Inversores Profesionales y Desimpro, dos firmas que, según Pizano, suscribieron contratos para asesorías económicas.

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En su reporte, Pizano sostuvo que la Concesionaria Ruta del Sol contrató a Inversores Profesionales para ejecutar las mismas tareas que Desimpro y que no se encontró evidencia de labores realizadas. Los montos de los pagos a estas dos sociedades superaron los $4.000 millones. En la misma clasificación apareció la hoy investigada empresa Consultores Unidos, recibiendo pagos de $6.600 millones por actividades supuestamente no ejecutadas. Otro de los contratos cuestionados fue el de la Gestora de Proyectos de Infraestructura, una sociedad a la que al parecer se le pagaron $2.600 millones con legalizaciones irregulares y por actividades no efectuadas.

Reportes de octubre de 2015 sobre contratos irreulares en la Concesionaria Ruta del Sol y Consol.

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En su resumen, el controller Pizano identificó a otra empresa que posteriormente terminó bajo el radar de la Fiscalía: Profesionales de Bolsa. La comisionista terminó cerrando sus puertas en julio de 2017, luego de que su dueño, Gustavo Torres, fuera capturado por su presunta participación en los sobornos de Odebrecht. La lista de empresas reportadas por Pizano en ese informe de octubre de 2015, con muchas preguntas sin respuestas, la cierra la firma Ingream S.A.S., sociedad que habría sido partícipe de un proceso de elección falso para la realización de obras en la vía Río de Oro-Agua Clara-Gamarra.

En medio del alboroto empresarial de Odebrecht y la recurrente exigencia de Corficolombiana por información, sobrevino un reporte inesperado la primera semana de octubre de 2015. Desde el Consorcio Constructor Consol, el frente paralelo de la Concesionaria Ruta del Sol para el desarrollo de las obras de ingeniería, surgió otra veta de contratos irregulares. Ese nuevo listado, evaluado por el controller Pizano y por su par en Consol, Javier Mejía, dio cuenta de cinco proveedores que habrían recibido millonarios recursos por obras no ejecutadas, indemnizaciones injustificadas o con vacíos en la aprobación de los desembolsos de dinero.

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La lista la encabezó el Consorcio Sion, a través del cual la justicia ya confirmó que se direccionaron dineros para pagar sobornos a los excongresistas Otto Bula y Bernardo Elías. Su representante legal, Gabriel Dumar, hoy está preso y colaborando con la Fiscalía para explicar cómo a través de su empresa se firmaron contratos ficticios por más de $7.500 millones. A renglón seguido figura la firma RGQ Logistics, una sociedad a la que, según el informe, se le pagaron casi $4.000 millones en 2015 por servicios de transporte, actividad que no tenía relación con su objeto social. Además, los pagos se hicieron sin aprobación del gerente contractual.

La tercera empresa relacionada en el informe de Consol fue el Consorcio Torrosa. El cuestionamiento se enfocó en que recibió pagos por casi $7.000 millones, sin aprobación de gerencia, y que se adjuntaron actas que no correspondían con la realidad. También se incluyó a Asesores Presoam S.A.S., una firma a la que le otorgaron un contrato para asesoría en temas sociales y prediales, a pesar de no tener la experticia y de que días antes había cambiado su nombre y su objeto social. Antes de firmar con Consol se llamaba Sky Blessed. En total, el monto de los contratos irregulares reportados por Pizano en la Concesionaria Ruta del Sol y Consol ascendió a $55.000 millones.

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Como era lógico, estos hallazgos crearon un ambiente de tensión entre los socios del proyecto Ruta del Sol. No obstante, ante la condena de Marcelo Odebrecht en Brasil, formalizada el 8 de marzo, luego de varias reuniones, tres días después, los representantes de Odebrecht y Episol, de Corficolombiana, firmaron un contrato de transacción con un peculiar objetivo: que cada empresa renunciara a acciones o reclamaciones judiciales a la otra y así asegurar la gobernanza a futuro. El contrato fue fortalecido con un otrosí en abril con carácter confidencial. En su columna de la revista Semana, María Jimena Duzán dio a conocer el documento y lo calificó como un “pacto de silencio”.

Tras la firma de este contrato de transacción se creó el modelo Gerencia de Conformidad, tanto para la Concesionaria Ruta del Sol como para Consol. El objetivo era que Corficolombiana tuviera el control previo y posterior de toda la contratación. Ocho meses después, en diciembre de 2016, tras el acuerdo de Marcelo Odebrecht con los sistemas de justicia estadounidense y brasileño para develar su maquinaria de corrupción a nivel mundial, estalló el escándalo en Colombia. A principios de 2017 empezaron las capturas de políticos, funcionarios y lobistas que empezaron a develar con cuentagotas los detalles de la red de corrupción de Odebrecht.

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(Lea también: Así va la investigación por Odebrecht)

Contra Odebrecht se abrieron varios frentes judiciales en el país. No sólo el expediente en la Superintendencia de Industria y Comercio, que poco se ha movido; la Procuraduría también inició una acción popular en defensa de los recursos del Estado. A su vez, la Fiscalía abrió once líneas de investigación en las que están investigadas 78 personas por hechos relacionados con la adjudicación del tramo dos de la Ruta del Sol, la adición para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, aportes ilegales a las campañas presidenciales de 2010 y 2014 o el pago de sobornos a políticos y particulares a través de contratos ficticios, entre otras anomalías.

En agosto de 2017, los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe enviaron una carta a la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en la que, entre otras solicitudes, reclamaron investigar los pagos realizados a empresas como RGQ Logistics e Inversiones Torrosa para supuestamente financiar campañas políticas electorales. Esas firmas son las mismas que fueron reportadas en octubre de 2015 por el controller Jorge Pizano y su par de Consol, Javier Mejía. Hasta el momento se desconoce en qué han avanzado estas pesquisas u otras relacionadas con empresas que habrían recibido pagos indebidos.

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Por lo pronto, la decisión que se viene es la que debe emitir el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio en la pelea que libran la Concesionaria Ruta del Sol con la ANI. Y la declaración de Jorge Pizano parece ser la punta del iceberg de un capítulo que las autoridades gubernamentales y judiciales están en mora de resolver. El que compromete a los socios y directivos de la Concesionaria Ruta del Sol, quienes fueron advertidos de las irregularidades contractuales que se estaban presentando desde 2012, pero apenas reaccionaron en 2016, cuando el escándalo de Odebrecht era ya una incontenible bola de nieve.

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