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En una medida sin antecedentes recientes, generada por los graves acontecimientos protagonizados —según el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro— por vándalos e infiltrados que pretendieron aprovecharse de las manifestaciones para desestabilizar la capital de la República, la ciudad amaneció ayer custodiada por 8.500 soldados del Ejército que reforzaron el pie de fuerza para evitar que se vuelvan a presentar desórdenes como los del pasado jueves.
Tras los desmanes que dejaron el centro de Bogotá convertido en algo similar a un campo de guerra, y en los que dos jóvenes murieron, en Suba y Engativá (ver página 8), la administración del alcalde Petro le solicitó al presidente Santos la ayuda del Ejército. En respuesta, ayer en la mañana el primer mandatario ordenó militarizar no sólo la capital, sino cualquier población en la que se presenten desmanes y actos delincuenciales con la falsa excusa de apoyar el paro agrario.
Por lo menos 50 mil efectivos fueron trasladados a las regiones del país donde se han presentado bloqueos. Con respecto a la ciudad, el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, precisó que los 8.500 efectivos harán presencia, principalmente, en los bordes de los cerros orientales, en la localidad de Ciudad Bolívar, las entradas a Engativá y Suba, el Acueducto de Bogotá, las principales antenas de comunicaciones y los bienes públicos.
Y además dijo que la Alcaldía está pensando en nuevos toques de queda en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá y Suba, como ocurrió el jueves. Al respecto, el general Gabriel Pinilla, comandante de la Brigada XIII del Ejército, le precisó a este diario que la militarización de la ciudad implica asistencia a la Policía y a la administración distrital por parte del Ejército en las zonas en que las autoridades locales determinen y en los municipios de Soacha, Chía, Ubaté y Cajicá.
El uniformado agregó que “los soldados actuarán exigiendo que se cumpla el toque de queda si es que es decretado” y aseveró que las autoridades van a estar al tanto de cualquier problema con los soldados que, dijo, pueden “no estar acostumbrados a situaciones como esta”. Consultado por El Espectador, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que aunque la medida genera controversia y a la vez prevención, era necesaria luego del “balance tan catastrófico que hubo”.
Y agregó: “Creo que la ciudad y el país se estaban viendo gravemente afectados por el vandalismo de todos estos grupos que se aprovecharon de las manifestaciones para causar estos desórdenes”. También recordó que la Defensoría del Pueblo vigila que no se vayan a presentar abusos por parte de la Fuerza Pública.
¿Cómo vivieron los ciudadanos los primeros momentos de la jornada? En el barrio La Gaitana de la localidad de Suba, donde ocurrió la muerte del joven Johnny Velasco, los habitantes estaban inquietos. Desde las ventanas se asomaban con cuidado y observaban el sobrevuelo de los helicópteros del Ejército en la zona. Algunos prefirieron refugiarse en sus casas y salir sólo para ir a su trabajo o a estudiar. “Ante todo, la seguridad. Es una decisión sensata, porque nosotros no tenemos nada que ver en los desórdenes, nadie nos responde por los vidrios rotos de las casas”, dijo Édgar Lozano, habitante del barrio.
A quien no le suena la idea de la militarización y le genera más dudas que certezas, es a la concejal progresista Angélica Lozano. “Me pregunto cómo se coordina, cuál es el alcance y si es un mensaje emocional del presidente. Dudo que se traduzca en seguridad para la gente, porque implícitamente es un mensaje de miedo y la gente bajo ese estado está presa de quien lo quiera asustar”, agregó.
En varios comunicados, los campesinos han rechazado la violencia que azotó a Bogotá. El mismo secretario Jaramillo resaltó, por ejemplo, que en Usme los manifestantes “no permitieron que en sus manifestaciones hubiera vándalos ni delincuentes comunes o personas extrañas a la marcha campesina. Pero desafortunadamente lo que tuvimos fue el oportunismo de unos sectores radicales de izquierda y de derecha”.
Desde el paro nacional del 14 de septiembre de 1977, pocas veces el Ejército ha enviado a tantos efectivos para apoyar a la Policía y a las autoridades de Bogotá. Una de ellas, el 7 de agosto de 2002, cuando guerrilleros atacaron con rockets la Casa de Nariño tras la primera posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez. Las manifestaciones del jueves, que dejaron 215 civiles y 95 policías heridos, pérdidas de hasta $3 mil millones para los comerciantes y el centro de la ciudad hecho añicos, llevaron al Gobierno a esta medida.
El alcalde Petro ha señalado que lo que hubo en Bogotá fue una explosión de “violencia pagada” con la intención de afectar a los campesinos que se movilizan y de beneficiar a ‘capos’ barriales con oscuras intenciones. Las autoridades serán las que esclarezcan si tras los desmanes estuvieron las Farc, como lo dice el presidente Santos, o los capos a los que hace referencia Petro.