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El gobierno de Gustavo Petro no está siendo una garantía para el resarcimiento de las víctimas de despojo y desplazamiento que solicitan tierras bajo la modalidad de restitución, que inicia con un trámite gubernamental y que termina con la última palabra de un juez. Esa es la conclusión a la que llega la fundación Forjando Futuros, la cual hace veeduría al proceso de restitución de tierras y cuyos datos tienen origen en las mismas estadísticas de la Unidad de Restitución, entidad del Ministerio de Agricultura.
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Este es el dato principal: “Comparando los últimos 17 meses del Gobierno Duque con los primeros 17 meses del Gobierno Petro, la situación es alarmante. Bajo el mandato de Petro, se han restituido 71.000 hectáreas, en comparación con las 161,000 hectáreas restituidas durante el período similar en el mandato anterior”, señala Forjando Futuros. La medición se hace en hectáreas, pues ese es el indicador escogido por el gobierno Juan Manuel Santos cuando expidió la Ley de Víctimas, en 2011, como una esperanza para las víctimas de la guerra.
La característica de “alarmante” dada a conocer por Forjando Futuros se basa en que en el gobierno de Gustavo Petro se está restituyendo a un ritmo 55% menos eficaz con respecto a la era Duque. Según los cálculos de la ONG, la cual también representa a víctimas de despojo en procesos judiciales de restitución, se necesitarían hasta 109 años para que la Unidad de Restitución cumpla la misión que le fue entregada vía Constitución. Una entidad que nació en 2011, cuya vida se prolongó hacia 2031 gracias a la Corte Constitucional y que, según las nuevas cifras, necesitará un centenar de años para culminar su trabajo.
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La meta es ambiciosa. Según prometió el gobierno de Juan Manuel Santos, la Ley de Víctimas, con la cual nace la Unidad de Restitución, fue planeada para resarcir el derecho a la tierra en 6,5 millones de hectáreas golpeadas históricamente por el conflicto. Hasta el momento, asegura Forjando Futuros, solo se han restituido 665.000 hectáreas, lo que corresponde únicamente al 10.5% de la meta propuesta hace ya más de una década.
Para Forjando Futuros, el grifo de la restitución puede abrirse cuando se apruebe el proyecto de Ley que cursa en el Congreso, que permitirá a la Unidad de Restitución entregar predios de manera administrativa, en determinados tipos de casos. En palabras sencillas, la entidad podrá asumir las funciones de un juez y entregar directamente un predio o un grupo de predios, siempre y cuando no haya un opositor negándose a salir y que pudiese probar su buena fe a la hora de comprar la tierra reclamada.
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“Para cumplir con las víctimas del despojo y abandono en el país, es fundamental implementar de manera urgente la Restitución por vía Administrativa, esto para los casos donde no se presenten terceros u opositores. Actualmente, ante la Unidad de Restitución de Tierras se han presentado 76.320 solicitudes de familias y 166 solicitudes de comunidades étnicas que cumplen con las condiciones para ser resueltos por esta vía”, agrega Forjando Futuros. La aprobación de la Ley significaría un avance en alrededor de 3,6 millones de hectáreas.
La dirección jurídica de la Unidad de Restitución también busca que la Ley citada sea implementada cuanto antes, pues representa “grandes oportunidades”, como le dijo la directora Paula Villa a El Espectador al principio del año. Cabe aclarar que, justamente, la naturaleza de la ley busca darle más fuerza a la Unidad de Restitución, la cual depende de los tiempos de los jueces y magistrados de restitución, quienes duran años en decidir casos individuales. De hecho, aunque se supone que el proceso debe durar como máximo 120 días en su etapa judicial, el 94% dura mucho más que eso, según otros datos de Forjando Futuros.
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