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El pasado jueves, 21 de marzo, se llevó a cabo la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) para designar al rector de la Universidad Nacional. José Ismael Peña fue el elegido para el periodo 2024 - 2027 y, según dijo en una entrevista con El Espectador, esperaba posesionarse el 2 de mayo.
La sesión, que duró nueve horas, se llevó a cabo en completo hermetismo por petición de algunos de los miembros del CSU e, incluso, por mayoría, se decidió que la votación fuera secreta. Pero la decisión desató molestia al interior de la comunidad universitaria, que ha estado a la espera de conocer las actas de esa reunión, que deben ser públicas.
Esas actas son esenciales para que el rector se posesione y deben ser firmadas por la persona que preside el consejo, en este caso es la ministra de Educación, Aurora Vergara. Sin embargo, según contaron desde el ministerio a este diario, la Universidad Nacional envió el 11 de abril el documento, pero fue “un acta anónima”. Además, explicaron que no es cierto que la ministra se hubiese negado a firmarla.
Lo primero que aclaran es que el jueves 11 de abril, llegó por primera vez el correo con el acta. Desde el despacho del ministerio respondieron, el lunes 15 de abril, pidiendo que se identificaran los nombres, las intervenciones y los momentos de deliberación, pues argumentaba que la comunidad académica solicitaba transparencia de este proceso y, por ende, no podía ser un acta anónima. “En los apartados decía un consejero aseguró o una consejera votó. No ponían los nombres”, añadieron desde el Mineducación.
La principal petición de la ministra era que se identificara el nombre de las personas que hicieron cada una de sus intervenciones. Luego, el domingo 21 de abril, la universidad respondió con un nuevo documento, en el cual únicamente se habían especificado las intervenciones de los tres representantes del Gobierno, a pesar de que la mayoría de integrantes del Consejo ya habían publicado en sus redes sociales cómo había sido su votación.
A partir de esa respuesta, Vergara y su despacho tenían cinco días hábiles para pronunciarse si aprobaban o no el acta. Sin embargo, la ministra señaló que no la aprobaba porque seguía siendo un acta anónima y le pedía a la Universidad el máximo detalle de esa sesión.
La Nacional, como supo El Espectador, respondió este martes, 30 de abril, el último correo, donde aseguraba que el acta ya estaba aprobada por cinco de los ocho miembros del Consejo Superior. En este caso, la única persona que está habilitada para aprobar el documento es quien lo preside, que es Vergara. También le aseguraron que sus observaciones no se habían realizado en el tiempo solicitado.
Desde el ministerio sostienen una única postura: si no se le incluyen a las actas la mayor cantidad de detalles, no se firmará. También cuentan que le solicitaron a la Secretaria General de la Universidad Nacional las actas de las últimas tres elecciones con el objetivo de conocer si se habían detallado las intervenciones, votaciones y deliberaciones. Sin embargo, hasta la fecha, no las han compartido.
El Espectador se comunicó con la Secretaria General de la Universidad Nacional, pero, por temas de agenda, aseguraron que no alcanzan a responder nuestras inquietudes este 30 de abril.
Un grupo de estudiantes y docentes piden no firmar el acta
El Comité Nacional de Representantes Profesorales (CNRP) y el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles (CNRE), por su parte, le enviaron una carta a la ministra Vergara y al presidente Petro con el objetivo de que “antes de que se cumpla el período que obliga a firmar el acta (...) convoque una sesión extraordinaria del CSU, con el tema único de rehacer todo el proceso de la designación de rector”.
La principal razón, argumentan en la carta, es que la forma en la que se designó a Peña como rector no fue transparente a sus ojos. Según dicen, “las mayorías del CSU que impusieron un método de votación con rondas eliminatorias, impusieron igualmente el secretismo y la oscuridad, lo que desvanece la transparencia y la legitimidad a un acto que necesariamente debe ser público y argumentado”.
La metodología que se empleó fue la del método Borda y, de acuerdo con varios de los integrantes del CSU, ya se había usado en la designación de otros rectores. Sin embargo, el CNRP y el CNRE, firmantes de la carta, aseguraron que esto es falso.
“Hemos revisado las actas de la elección de la profesora Dolly Montoya y del profesor Ignacio Mantilla y no se procedió de ese modo. Se designaron con la mitad más uno y con voto público y nominal. Se hicieron sondeos previos, sí, pero que solo fueron eso: sondeos; luego se hizo la elección ganando quien sacó la mitad más uno de los votos”, añadieron
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