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Las sociedades fiduciarias se han convertido en un vehículo vital para el desarrollo del país, gracias al manejo transparente de los dineros de terceros. Esto, sin embargo, supone un reto de administración en el que se separan dichos recursos de los propios y en el que es necesaria la presencia de un ente regulador que verifique el correcto desarrollo de todos los procesos adelantados por estas entidades y vele por la protección de los consumidores de estos servicios.
Este papel, que al final del día se configura como uno de los elementos claves dentro de la confianza que les genera el mecanismo fiduciario a los colombianos, está, desde la existencia de las fiducias en el país, en manos de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Jorge Castaño Gutiérrez, cabeza de dicha entidad, habla con El Espectador y nos ofrece una perspectiva actual sobre la vigilancia que se hace sobre esta industria.
¿Qué requisitos debe cumplir una entidad para ser reconocida como fiduciaria por la Superintendencia?
Para ser reconocida como una fiduciaria debe constituirse como sociedad anónima, acreditar el capital mínimo exigido por la ley, que para 2018 es de $7.124 millones, y demostrar el cumplimiento de los estándares asociados con el gobierno corporativo, como lo son la junta directiva, asamblea de accionistas, comités de control, entre otros, con el fin de garantizar la adecuada gestión y administración de recursos. Adicionalmente, debe contar con personal calificado, herramientas tecnológicas y una adecuada gestión de riesgos.
¿Son diferentes los procedimientos para vigilar a una fiduciaria frente a los usados con otras entidades?
Un elemento importante que se debe tener presente al hablar de las fiduciarias es que no son dueñas de los recursos que administran, por lo que la supervisión que ejercemos permanentemente sobre estas entidades varía con respecto a otras industrias del sistema financiero en la medida en que hacemos énfasis en aspectos como altos estándares de gobierno corporativo y procesos focalizados en la administración que, de manera independiente, deben hacer de los recursos propios y de los administrados de terceros (segregación patrimonial).
¿Estos procedimientos son de estándar internacional o aplican solo para el país?
Sí, nuestra metodología de supervisión se fundamenta en un modelo de origen canadiense, que cuenta con los más altos estándares de supervisión a escala mundial y ha sido adaptada a las características propias de nuestra legislación y de nuestro sistema financiero, del cual forman parte las sociedades fiduciarias. Es una metodología dinámica que propende por identificar y evaluar los riesgos que afectan las actividades de la industria.
¿Qué clase de problemas e irregularidades buscan evitar con estos procedimientos?
Se busca fundamentalmente salvaguardar los recursos del público y preservar la confianza en el sistema financiero, por lo que uno de los ejes fundamentales es la adecuada prestación del servicio para que sea seguro, transparente y eficiente.
Así, la supervisión va más allá de vigilar niveles patrimoniales y condiciones adecuadas para el funcionamiento de las entidades, velando porque el principio de segregación se cumpla, así como se brinde protección al consumidor financiero para que reciba la atención, asesoría e información suficientes que le permitan tomar decisiones de manera informada.
¿Por qué le parece que son importantes las fiducias para la economía nacional?
Actualmente las fiduciarias constituyen uno de los vehículos más idóneos para el desarrollo de la economía, en la medida en que a través de ellas se canaliza la mayoría de los recursos destinados para la compra de vivienda y para el desarrollo de diferentes proyectos de infraestructura de impacto nacional, proyectos públicos con alcance social, entre otros, que facilitan la administración diligente, confiable y experta para que los objetivos propuestos se cumplan.
Hoy administran recursos equivalentes a $512 billones, que representan el 53 % de PIB a junio de este año. Sus servicios han facilitado la irrigación de recursos a los diferentes sectores económicos (inmobiliario, pensional, infraestructura, entre otros) y de labores estratégicas para el Gobierno Nacional, como el pago de subsidios de vivienda y los programas de gobierno de impacto social.
Desde el punto de vista de la Superintendencia, ¿qué tan actualizada está la regulación? ¿Hay que cambiar o agregar algo?
En este punto hay que tener en cuenta que la realidad económica está en constante evolución y cada día surgen nuevos avances tecnológicos que implican generación de productos y servicios. Esta circunstancia ha hecho que las autoridades regulatorias entren a la reglamentación y emisión de normas que permitan la prestación de tales servicios en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia.
En consonancia con lo anterior, la SFC entiende que en muchas oportunidades se ve la necesidad de contar con modificaciones a la regulación actual que garanticen la prestación de nuevos servicios por la industria fiduciaria, razón por la cual, de forma permanente, se revisan las necesidades regulatorias en la materia con el fin de lograr una supervisión que se ajuste a las particularidades de la industria.