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Para entender cómo se invierte el dinero destinado a los 135 establecimientos de reclusión que tiene el país es necesario saber que en este asunto existen dos protagonistas: el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
La primera tiene como misión vigilar y atender a la población privada de la libertad, por lo que una parte significativa de sus recursos se va en el pago de la nómina de los custodiadores, directivos, asesores, profesionales y demás trabajadores que prestan un servicio para el INPEC; mientras que otra parte del dinero es destinado a conceptos de papelería, administración del sistema y dotación de uniformes, entre otros.
La labor de la USPEC, por otro lado, está en garantizar los derechos humanos de los reclusos al proveerles alimentación, servicios de salud, vigilancia e infraestructura. En otras palabras, brindar cierta calidad de vida.
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Según la rendición de cuentas de estas dos entidades, en el último año la inyección económica que reportaron fue poco más de $1 billón para cada una. Si en el país la población privada de la libertad es superior a las 182.000 personas, el gasto total que demanda cada preso es de más de $11 millones al año.
Lo anterior sin tener presente que no todos se encuentran en una cárcel. De ese total hay cerca de 63.000 personas que pagan su condena en un domicilio, por lo que sus condiciones de reclusión y demandas de inversión son diferentes. De allí que los cálculos que hace la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario (Fecospec) para quienes tienen prisión intramural ronda los $13 millones anuales para cada uno.
Además, en su última rendición de cuentas, el INPEC reportó que solicitó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) cerca de $3.000 millones adicionales para proyectos de inversión relacionados al mejoramiento de la calidad y eficiencia en la prestación del servicio, fortalecimiento en la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, desarrollo tecnológico y mejoramiento en los procesos educativos, entre otros.
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A grandes rasgos, lo anterior deja ver cuánto reciben y en qué se invierte el dinero destinado para sostener el sistema nacional penitenciario.
Los dolores de cabeza del INPEC
El número de trabajadores que prestan un servicio para el INPEC es de 15.795, siendo la mayoría de su nómina los 12.848 custodiadores, según cifras entregadas por la entidad. No obstante, este número está muy por debajo de lo que debería tener.La planta ideal del INPEC, en materia de custodiadores, se calcula en 22.630, por lo que esta entidad funciona sin cerca del 43 % de este personal. Pero las deficiencias no terminan aquí.
Si se miran los puestos de trabajo de carácter asistencial, esta institución cuenta con cerca de 919 personas, pero debería tener 1.758; el INPEC dispone de 967 profesionales, faltan 3.658; lo ideal es que cuente con 3.200 técnicos, solamente tiene 812; sus asesores se cuentan en ocho, carecen dos y sus directivos deberían ser 243, no 241.
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En resumidas cuentas, al INPEC le hacen falta 16.671 trabajadores; es decir que está operando con poco más del 48 % de lo que debería ser el total de su nómina, cifra que explica el exceso en la carga laboral que muchos funcionarios afirman tener.
Para Giovanny Benavides, directivo de Fecospec, el problema no solo se debe al déficit de trabajadores; también tiene que ver con la forma en la cual se remunera el exceso de la carga laboral.
“El INPEC tiene una prestación que se llama el sobresueldo: esa es la paga por el tiempo extra que laboran los funcionarios en horas nocturnas, dominicales y festivas. Está demostrado que esa compensación económica es insuficiente respecto al número de tiempo que ellos laboran; es decir, el Estado no le está pagando lo que corresponde al trabajador”, explica Benavides.
Este directivo asegura que una remuneración más justa se lograría si les pagaran horas extras tal y como lo establece la ley. Calculan que de esa forma sus ingresos serían un 70 % más de lo que reciben por sobresueldos.
"Cuando un colombiano se presenta a un concurso para ser dragoneante, en el INPEC le exigen ser bachiller; si uno se va al decreto que establece la paga en los empleos públicos dice que a este se le debe remunerar de acuerdo con el nivel asistencial grado 15. Al revisar la nómina del INPEC los dragoneantes son nivel 11”, asegura Benavides.
El decreto al cual se refiere el sindical es el 330 de 2018. Sin embargo, allí se determina que el cargo de dragoneante se encuentra en el grado 11, posición que le hace merecedor de un salario de $1.242.451; si este trabajador se situara en el grado 15 recibiría $208.655 adicionales. En cuanto al sobresueldo, el mismo documento establece que para ese cargo la cantidad asignada mensualmente es de $687.563.
Al déficit de trabajadores, exceso en la carga laboral y cuestionamientos en los salarios, Benavides agrega que las demandas de los sindicados son otro dolor de cabeza.
Legalmente las obligaciones de atención que tiene el INPEC son para las personas condenadas; es decir sujetos a los que se les comprobó culpa en un delito y como consecuencia tienen que pagar determinado tiempo privados de la libertad. Pero existe otro tipo de población denominada sindicados, estos son sujetos que atraviesan por un proceso de investigación, pero no han recibido una condena. Ellos, económicamente, dependen de las entidades territoriales.
El problema, asegura Benavides, está en que los entes territoriales, como responsables de la población sindicada, en muchos casos, no le giran al INPEC el dinero correspondiente para cada privado de la libertad. Se estima que en el país el número de sindicados es 36.400.
Si las cuentas de Fecospec son correctas, el dinero que debería recibir el INPEC de las entidades territoriales por estas personas sería de casi medio billón de pesos. Benavides estima que los aportes reales apenas rondan los $10.000 millones.“¿Qué hace el ente territorial? Manda las colchonetas, cuando llegan estas pudieron haber salido por $100 millones, es decir a un millón cada una. ¿A quién le cabe en la cabeza que en el mercado una colchoneta vale un millón de pesos? Eso es lo que vale un colchón ortopédico. Nosotros sabemos que la contratación que hace el INPEC para las colchonetas de los condenados oscila entre los $200.000 cada una. ¿Y los otros $800.000 qué?”, se cuestiona Benavides.