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La noticia del rearme de algunos exmiembros de las Farc, que se rumoraba hace semanas, se confirmó este jueves con un video de 32 minutos, en donde el exjefe de la delegación de paz de la guerrilla, Iván Márquez, anunció su regreso a la confrontación armada. La declaración la hizo junto a otros excomandantes de los que se desconocía su paradero: Enrique Marulanda, Aldinever Morantes, Henry Castellanos (Romaña), Iván Merchán, Seuxis Pausias Hernández (Jesús Santrich), Hernán Darío Velásquez (el Paisa), entre otros.
En el video, Márquez aseguró que continúan la lucha guerrillera “en respuesta a la traición del Estado a los Acuerdos de Paz de La Habana”. Lo cierto es que, más allá del juego ideológico de una nueva guerrilla que busca su justificación armada, la implementación del Acuerdo de Paz ha venido caminando a marchas forzadas en medio de un lenguaje ambiguo del gobierno de Iván Duque que, por una parte, trabaja por lo pactado y por otra tiene una visión que choca con el Acuerdo.
Esto, sin embargo, no puede desconocer que el Acuerdo ha permitido salvar vidas. Cuando empezaron los diálogos, el enfrentamiento interno dejaba en promedio 3.000 muertos al año entre civiles y combatientes, según la Unidad para las Víctimas. En 2017 esa cifra se redujo a 78. Esto en comparación con 2002, por ejemplo, cuando las víctimas del conflicto fueron 19.640.
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El Acuerdo de Paz, firmado en el acto formal del 24 de noviembre en el teatro Colón, plantea una agenda ambiciosa que apunta a terminar el conflicto con las Farc y avanzar en la transformación de los territorios históricamente afectados y marginados por la guerra. Son 578 compromisos por parte del Estado para resolver esos asuntos.
El mayor rezago, según el último balance de la misión de paz de Naciones Unidas, es el primer punto sobre la reforma rural integral, que busca democratizar el acceso a la tierra en el país y que, ineludiblemente, está conectada con el punto cuatro que busca una salida al problema de las drogas de uso ilícito.
La baja implementación del Gobierno en esta materia ha puesto en riesgo, según la misión de la ONU, la sostenibilidad del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), “pues los proyectos individuales no estarían acompañados de inversiones del Estado en materia de infraestructuras viales y comunitarias que permitan transformar las condiciones de las zonas rurales, proporcionando a los pequeños productores acceso a la propiedad rural y a los mercados”, señaló el informe que se le entregó al Consejo de Seguridad.
Sin embargo, un hito importante, resaltado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas, es la implementación de 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se trata de planes regionales que abarcan 170 municipios afectados por el conflicto que se han elaborado con una amplia participación de las comunidades locales. A comienzos de agosto, el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, resaltó en el Congreso que se han invertido más de $856 mil millones en los PDET. “De las 658 obras PDET que se han construido, 450 han sido en el gobierno del presidente Duque. Hablamos de infraestructuras en las veredas de los municipios PDET como vías terciarias, placas deportivas, casetas comunitarias, paneles solares y parques infantiles, entre otras obras, que ya vienen transformando la calidad de vida de estos municipios que son los más afectados por la violencia, pobreza, presencia de cultivos de uso ilícito y ausencia estatal”, sostuvo Archila.
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Esto contrasta con la insatisfacción e incertidumbre de las familias campesinas cocaleras de estas regiones que se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ante el incumplimiento de pagos, la ausencia de muchos proyectos productivos y la preocupación por el regreso de la aspersión aérea que busca el Gobierno.
“En cuanto a la reincorporación se ha avanzado, en especial con la entrega de los beneficios económicos que se pactaron en el Acuerdo Final. Sin embargo, tan solo 1.242 excombatientes (9,4 %) han podido acceder a un proyecto productivo y el Gobierno aún no expide el decreto que consolida la transición de los espacios territoriales de reincorporación”, señaló María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz.
Respecto a las condiciones de seguridad, persiste la gran preocupación por el asesinato de líderes comunitarios, defensores de derechos humanos (la Defensoría del Pueblo sostiene que son más de 450 después de la firma del Acuerdo) y excombatientes de las Farc.
Sobre estos últimos, la misión verificó en su último informe la muerte de 123 excombatientes, además de 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio. Esto se suma a que la confrontación armada sigue activa en distintas zonas del país, ahora protagonizada por otros actores que siguen produciendo impactos humanitarios considerables. En términos de participación política, la FARC está representada hoy en los nueve congresistas posesionados en el Congreso, producto del Acuerdo. Pero el partido hoy tiene una tímida participación en las elecciones locales y varias fracturas internas. De hecho, no hay un solo candidato a la Gobernación.
La justicia transicional
Los tres mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de La Habana, están operando en el país, con autonomía, en medio de constantes ataques políticos, en especial por parte del partido de Gobierno. Sin embargo, han logrado posicionar en la agenda pública la centralidad de las víctimas del conflicto en esta justicia transicional y han construido una legitimidad en un sector amplio de estas organizaciones.A la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en un año y medio de funcionamiento, se han acogido 11.675 comparecientes. De ellos, 9.687 son exguerrilleros de las Farc, 1.939 pertenecieron a la Fuerza Pública, 38 son agentes del Estado no armados y 12 por protesta social. Asimismo, la JEP ha abierto siete casos sobre los hechos más graves y representativos del conflicto y la aprobación de sus normas, como la Ley Estatutaria, luego de que la Corte Constitucional señalara que las objeciones del presidente Iván Duque fueron derrotadas en el Congreso.
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Los magistrados de esta jurisdicción han asegurado que los casos van a buen ritmo. En el caso 003 de ejecuciones extrajudiciales ya han rendido versión voluntaria 92 militares. En el 001, sobre retenciones ilegales, han rendido su declaración excomandantes de las Farc, como Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada. También se han acreditado 500 víctimas de ese delito.
La Comisión de la Verdad, por su parte, ya desplegó 19 Casas de la Verdad en Colombia y han escuchado a colombianos exiliados en 14 países. Ya han recogido más de 800 testimonios sobre la guerra. Además, han realizado 18 encuentros regionales, en lo que participaron 831 personas, de 143 municipios del país. Ya se han realizado dos Encuentros por la Verdad, que reconocieron la violencia sexual que han padecido las mujeres y la incansable búsqueda de los desaparecidos. También han promovido Encuentros con los responsables de la guerra y Diálogos para la No Repetición.
Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, de carácter humanitario y que busca la búsqueda de al menos 83.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, ya se encuentra en 17 territorios del país. Se ha contactado con 700 familiares, en 25 partes del país. Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas.
También crearon un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados. El Partido FARC ha dado información sobre 354 casos de desaparición forzada documentados.