Es de hecho tan extendida que se ofrece a través de anuncios clasificados y puede costar alrededor de 300.000 pesos, tarifa que está sujeta a la edad del feto y al lugar de la práctica; a domicilio, por supuesto, es más costosa. A pesar de su generalización, el aborto es penalizado en el país. Sólo en tres casos específicos se permite la suspensión artificial del embarazo: violación, malformación del feto o riesgo de salud para la madre. En cualquier otra situación, quienes lo practican son clínicas clandestinas. Actualmente, algunas de éstas mantienen vivos a los fetos de más de 7 meses. Entre 2 y 5 millones oscila el precio con el que se comercializan.
La semana pasada, una de estas clínicas fue desmantelada por el CTI en Bogotá. Con ello se revivió el debate entre los derechos de la mujer y aquéllos de los no nacidos. En particular, la discusión se orientó hacia la madre. Varios se preguntaron ¿qué puede llevar a una mujer a practicarse un aborto en tan avanzado nivel de gestación, con todos los riesgos que esto implica? ¿En qué podía estar pensando? ¿Qué tan angustiada estaría? ¿Por qué correría ese riesgo? Sólo por abortos ilegales mueren 140 mujeres al año en Bogotá. Es la segunda causa de mortalidad materna en el país. Y las complicaciones del aborto aumentan con los meses.
El juicio de muchos es rápido: se trata sólo de una mujer egoísta y cruel. Pero de maldad aquí no hay nada. Los derechos de las mujeres no se suspenden durante el embarazo. Ellas son libres y autónomas y dueñas de sus cuerpos. Negarles su individualidad es minimizarlas. Es decirles que durante la gestación dejan de ser un fin en sí mismas y se convierten en un mero medio. Pasan de ser sujeto a objeto. De aquí que le permiten ese trato a su cuerpo. Ellas lo arriesgan porque no lo valoran. Porque viven en una sociedad en donde eso es lo que aprenden. Porque están acostumbradas a no ser titulares de derechos.
La educación sexual y reproductiva en el país es triste. Se limita a unas inocuas referencias biológicas, cuando la sexualidad y la salud reproductiva son temas mucho más complejos. Exigen entre otras cosas superar el tabú y enseñar a las mujeres a relacionarse libre pero responsablemente con su cuerpo. Repartir condones y píldoras no es garantía. El aumento de los embarazos adolescentes lo evidencia. Estudios muestran que una de cada cinco mujeres entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. Una de cada cinco es un problema. Como es un problema que cada año las clínicas colombianas registren cerca de 50,000 mujeres que llegan a urgencias por complicaciones usuales en los abortos.
Aunque los estimativos son difíciles, el hecho de que se presuma la existencia de cerca de 50 clínicas clandestinas entre Chapinero y Teusaquillo —esto es, entre algo así como 50 calles— es bastante diciente. Y diciente en especial para sus causas: no importa cuánto se insista, la prohibición no educa. Penalizar el aborto sólo pone en peligro la vida de cientos de mujeres. Nadie tiene que morir desangrado porque se le desconozcan sus derechos. Ni tampoco padecer de por vida un crónico dolor pélvico. Ya es hora de legalizar el aborto en todos los casos. Es apenas tiempo de que Colombia, como buena parte de Occidente, le apueste a la educación y comience a cuidar a sus mujeres. No hay ninguna necesidad de insistir que los niños terminen como pollos, entre una lámpara y una caja de icopor.