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No podemos hablar de que hay un golpe blando contra el presidente de la República, Gustavo Petro, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene que tener mucho cuidado en no sobrepasar sus funciones para sancionar a un presidente de la República en ejercicio. El país necesita conocer si la campaña presidencial violó los topes de financiación, pero si hay cargos contra el mandatario, estos deben remitirse a la Comisión de Acusación. No es momento de llamar a las calles, pero los magistrados tienen una responsabilidad de comprender los límites de sus funciones y la delicadeza del tema que están estudiando.
El presidente Petro dijo que “ha comenzado el golpe blando”. Leer las publicaciones en la red social X del presidente invitarían a pensar que estamos en un momento de quiebre institucional. Invitó a “los colombianos progresistas en el exterior a iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia”. Sin embargo, la pregunta de fondo en toda esta discusión es: ¿acaso una campaña presidencial puede volarse las normas electorales?
Lo que causó la reacción del presidente Petro fue que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron ante la Sala Plena el proyecto de apertura de investigación y formulación de cargos contra la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. El motivo es la posible violación de los topes de ingresos, pues hay dudas sobre los dineros empleados para pagar testigos electorales el día de las votaciones. Entre los cargos hay una acusación directa al presidente y a su gerente de campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.
Es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral actúa contra un presidente, lo que lleva a varias preguntas. La primera es si el CNE puede sancionar a un mandatario en ejercicio. El presidente y su equipo dicen que no, por tratarse de una instancia administrativa. Estamos de acuerdo. Nombrar directamente al mandatario debe llevar a remitir la información a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el juez natural. Si es el caso, este conflicto de competencias puede solucionarse vía tutela para que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional sienten posición. Es decir, con las instituciones funcionando.
Lo que el presidente quiere pasar por alto con sus aseveraciones temerarias es que los colombianos merecen saber si hubo violación a las normas electorales. Y si la hubo, debe haber consecuencias. Nadie está por encima de la ley, por más loable que considere su ejercicio político, por muchos votos que haya recibido o por mucha y muy fuerte oposición que reciba.
El equipo del Gobierno se defiende diciendo que los testigos electorales no son parte de la etapa de la campaña, pero ese argumento no es muy sólido: ¿cómo así que no había campaña al momento de las votaciones? Más allá de eso, el país todavía necesita saber qué ocurrió con el dinero que entró vía Nicolás Petro y que el mismo hijo del presidente aceptó haber usado en actos de campaña. Ahí está el corazón del asunto.
No es momento de hablar de golpe blando, sino de responder con argumentos y utilizando las vías institucionales. Así funciona el Estado de derecho.
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