Corte Constitucional hace nuevo examen sobre desplazamiento de pueblos étnicos

Indígenas Awá en el resguardo Inda Sabaleta llevan meses denunciando alertas de desplazamientos, reclutamiento, homicidios y minas antipersonales.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Corte Constitucional finalizó la última sesión técnica con la que buscaba conocer cómo va el Estado en el cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional frente al desplazamiento forzado de miles de personas en el país.

El encuentro fue el sexto foro en que el alto tribunal se sentó con más de 20 organizaciones, entidades del Estado y colectivos de víctimas para conocer sobre el avance de las medidas tomadas hace 20 años. Asistieron voceros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras, el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otras.

En 2004, la Corte encontró que “el patrón de violación de los derechos de la población desplazada ha persistido en el tiempo sin que las autoridades competentes hayan adoptado correctivos suficientes”. Y la sentencia dejaba en claro que el Estado y sus instituciones, además de no cumplir los pedidos de justicia de las víctimas, “agravaba la situación de afectación” de estas personas que, tras el desplazamiento, entraron en un escenario de falta de garantías para poder reparar sus derechos a vivir en paz y en su propia tierra.

“Es histórico estar participando en estas instancias (...) En Colombia hay 115 pueblos originarios, cada uno con una cosmovisión diferente y es importante tener enfoque diferencial (...) frente al abandono histórico de nuestros pueblos. La sentencia cumple 20 años y cada día es más difícil porque se sigue mirando que los pueblos étnicos y no vamos a tener la solución porque esto es algo estructural”, criticó Claudia Pai, lideresa indígena awá.

Según los datos de la Comisión de la Verdad, entre 1995 y 2016 se registraron casi 800.000 víctimas de desplazamiento forzado. Del total de personas que tuvieron que abandonar sus hogares por la violencia, la Comisión encontró que el 82 % de las víctimas fueron mestizos; 14 % afro; y 4 % indígenas.

“A pesar de la jurisprudencia para que el Estado cumpla con el deber de protección frente a los territorios étnicos, ha habido algunos avances; pero también hay algunas fallas estructurales y dentro de la política pública. Desde la formulación de la ley hasta la protección y promoción efectiva de los derechos y esto impacta en nuestros derechos étnicos. Por ejemplo, la consulta previa eficiente es considerada como simple formalidad en vez de un ejercicio de diálogo con los pueblos. Ahí ya empezamos a ver las primeras rémoras de la política pública. Y nosotros en Chocó y el Pacífico seguimos con una crisis agudizada”, declaro en la sesión Jeison Palacio, vocero del Fono Foro Interétnico de Solidaridad (FISCH).

La sesión fue dirigida por la magistrada Natalia Ángel Cabo, presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, quien declaró que, a través de varios autos emitidos por la Corte, “se ha señalado que los grupos étnicos en Colombia han enfrentado históricamente un contexto de discriminación y marginación donde, debido al desplazamiento de sus integrantes, sus etnias afrontan riesgos específicos como la pérdida de sus territorios colectivos”.

Aunque el tema étnico y las vulneraciones a indígenas y afros fue uno de los temas principales, también se discutió cómo algunas poblaciones se están enfrentando al desplazamiento por condiciones climáticas o la destrucción de los territorios.

Si bien la sentencia T-025 de 2004 es considerada como una justicia que durante décadas pidieron las víctimas de desplazamiento forzado, aún existen muchos retos en su cumplimiento. La Defensoría del Pueblo alertó a comienzos de 2024 que “han sido pocos los avances en la protección real de los derechos de esa población”, por lo cual es obligación del Estado garantizar la protección de derechos.

Richard Moreno, coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, dejó explícito los retos que aún tiene el Estado para hacer que se cumpla la ley y garantice los derechos, en especial, de las comunidades étnicas desplazadas. En su intervención, dijo: “Vinimos a que ustedes vengan a constatar lo que ya saben: el estado de cosas inconstitucional no se ha superado. Si hablamos de retornos y reparación integral, solo la reparación ha tenido avances. Pero el retorno, ¿cómo avanzar si el país sigue en las mismas violencias, siguen los actores? ¿A dónde retornan las personas? El desplazamiento para pueblos étnicos no fue algo circunstancial, fue un mecanismo de expropiación. La estructura del Estado que se tiene para atender el tema no es adecuada, importante pero no adecuada”.

Solo en 2023, la Defensoría registró más de 50.000 personas desplazadas, en al menos 17 departamentos, es decir, en más del 50 % del territorio. El encuentro busca que la Corte vuelva a pronunciarse sobre el avance de las medidas adoptadas hace 20 años y sobre cómo el país puede superar el estado de cosas inconstitucional y procurar que los derechos de quienes tuvieron que desplazarse de sus territorios no continúen siendo vulnerados.

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