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La crítica situación de escasez de agua en diferentes ciudades del país ha generado preocupación en las últimas semanas. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, entre enero y marzo de este año, 277 municipios de 24 departamentos han presentado desabastecimiento. Alrededor de 82 municipios han entrado en racionamiento para manejar el nivel de los caudales que proveen agua.
Uno de los afectados es la capital del país, donde el nivel de los embalses del sistema Chingaza —uno de los tres que hay en Bogotá, y que abastece el 70 % de la ciudad—, ha llegado a niveles críticos, con un volumen de almacenamiento por debajo del 16 %. Por esta razón, el 11 de abril comenzaron a implementarse jornadas de suspensión del servicio por sectores.
Esta situación ya había sido advertida con la llegada del fenómeno de El Niño, que inició oficialmente en Colombia en noviembre de 2023. En enero, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) alertaba a 190 municipios del país por el riesgo de desabastecimiento de agua debido a la temporada seca y la reducción de las lluvias.
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“Al no tener época de lluvias, la disponibilidad del recurso se ve disminuido. Los niveles en las fuentes hídricas bajan y esto impacta de manera directa procesos productivos, el abastecimiento para agua potable, la generación de energía hidroeléctrica, y también la biodiversidad”, explica Francisco Ávila, especialista en sistemas hídricos y gobernanza de The Nature Conservancy Colombia (TNC).
Este panorama ha ratificado la importancia de conservar los ecosistemas asociados a la provisión de este líquido, entre los que resaltan alrededor de 48.000 humedales y 37 complejos de páramo. Una de las estrategias que han implementado varias ciudades del país es la creación de Fondos de Agua, unas organizaciones que diseñan e impulsan mecanismos financieros y de gobernanza, articulando actores públicos, privados y de la sociedad civil, para contribuir a la seguridad hídrica y al manejo sostenible de las cuencas.
Estas iniciativas responden, en parte, a un panorama en el que la población aumenta y se urbaniza cada vez más, y con esto crece el consumo de agua. A su vez, vincula a los diferentes actores, como el sector público, encargado de tomar decisiones, el sector privado que hace uso del recurso, y las comunidades locales, quienes conviven con las fuentes de agua.
Actualmente, en Colombia hay siete fondos que se han consolidado a lo largo de los últimos años: VivoCuenca en el río Chinchiná, en Manizales; Agua Somos, en Bogotá; Alianza Biocuenca, en Santander y Norte de Santander; Cuenca Verde, en Medellín y el Valle de Aburrá; Agua por la Vida y la Sostenibilidad, en el Valle del Cauca, y Manantial de Pubenza, en Popayán.
“Es un mecanismo financiero, pero también un mecanismo de conservación. Lo que se busca, al final de cuentas es, de una forma sostenible, implementar acciones de conservación como la protección de la tierra, la restauración, la generación de espacios de educación ambiental, e, incluso, hacer campañas de mejores prácticas pecuarias o ganaderas”, indica Ávila.
El trabajo en la capital de Caldas
En Manizales el proceso inició en el año 2010, aunque fue a finales de 2017 cuando se consolidó como Fondo de Agua. El trabajo allí inició con el río Chinchiná, la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, que cuenta con 106.000 hectáreas que corresponden al 14 % del área total del departamento de Caldas y que está conformada por las subcuencas de los ríos Guacaica, Ríoclaro y Chinchiná.
Durante este tiempo, VivoCuenca ha trabajado en diferentes líneas. Una de estas es vincular a diferentes actores y sectores en las acciones para mantener los servicios que brindan los ecosistemas asociados al río. Olga Galindo, directora de la organización, explica que trabajan de la mano con la comunidad educativa, asociaciones, agremiaciones rurales, consejos territoriales de planeación, consejos de cuenca, consejos municipales y la asamblea departamental.
“Tratamos de incorporar en el ADN de estas organizaciones las necesidades ambientales, de manera que, cuando emitan conceptos en instrumentos como el Plan de Desarrollo, POMCAS (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas) o los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), tengan mayor conocimiento”, asegura Galindo.
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“Lo que queremos es que todos los habitantes de una zona o región conozcamos el lugar donde habitamos y que entendamos que cualquier actividad que hagamos puede generar un impacto positivo o negativo sobre el territorio”, agrega. Este fondo de agua genera espacios de intercambio de conocimiento, sensibilización, y educación para la toma de decisiones, donde uno de los ejes fundamentales son las comunidades.
Para el vocero de TNC, ese es un punto clave, pues entre otras cosas, finalmente son los habitantes quienes se pueden convertir en “una extensión, un brazo más, del fondo de agua, encargado de materializar algunas de esas iniciativas definidas en los planes estratégicos de las organizaciones”.
En la coyuntura actual, la directora de VivoCuenca reconoce que algunas quebradas del municipio se han visto afectadas, pero también resalta que los procesos de conservación que se han venido realizando desde hace años han ayudado a mitigar un poco los impactos.
Además, menciona que es en este tipo de situaciones donde toma mucha más fuerza trabajar con las comunidades, con los propietarios de los predios, porque de alguna manera estos impactos ayudan a demostrar que el cambio climático es una realidad y que “si no actuamos hoy, seguramente los efectos serán cada vez más fuertes”.
El trabajo de TNC ha sido fortalecer técnicamente los fondos de agua, para que tengan un mayor apoyo en sus planes estratégicos, en el desarrollo de estudios, e incluso de herramientas que les permitan tomar mejores decisiones. Entre estas están las estaciones hidrometereológicas, que permiten medir el nivel de los cuerpos de agua para calcular sus caudales o recopilar datos sobre precipitación y temperatura de la zona. Todas estas acciones de monitoreo son esenciales para conocer el impacto de las acciones que se implementan.
“Un paso muy importante que estamos dando en todo este proceso es hacerles entender a las personas que la conservación no es una responsabilidad exclusiva de una entidad o del Estado, sino de todos”, dice Galindo. “No ganamos nada llenando el territorio de árboles si finalmente no queda un habitante convencido de que ese árbol tiene una función”.